El Sitio 300 que ya estaba boqueando, clavado en un concurso mercantil por un adeudo de 60 millones de pesos con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México que la agrupación de taxistas generó tramposamente contra sus propios agremiados. Hace 9 meses la agrupación que representa José Pedro Ortiz Sosa estaba a puertas de que un juez de lo mercantil le ordenara vender activos y liquidar pasivos, en la lona pues…, pero fue resucitado innecesariamente con la guerra contra los vehículos de renta por aplicación que inició el 13 de septiembre pasado.
La bronca de ese enfrentamiento y que se replicará en otras pandillas, perdón, agrupaciones de taxis con placas federales que asaltan —perdón—que cobra servicio de transportación en otros aeropuertos le caerá directamente al próximo secretario de Transportes, Jesús Esteva, y al subsecretario de Transportes, Andrés Lajous.
Dice el refrán “que no hay que hacer cosas buenas que parezcan malas”, y que hay que dar tiempo al tiempo. La consulta pública para reformar el Reglamento de Autotransporte Federal, propuesta por el propio Andrés Manuel López Obrador, buscó dar espacio legal a la operación de Uber, DiDi y otros taxis de aplicación un buen propósito para actualizar la regulación con el inevitable avance tecnológico y las exigencias de libertad de comercio de las personas.
Sin embargo, la propuesta de reformas, no esperó a que se culminara la desaparición del Sitio 300, la única de las 11 agrupaciones de taxis que no reconoció una millonaria deuda con el AICM que encabeza el contraalmirante José Ramón Rivera Parga.
El director de Sitio 300, Sergio Arturo Andrade, ha sido señalado por sus agremiados de cobrar cuotas de renta para el AICM, pero que no las pagó, generando fraudulentamente la deuda de 60 milloncitos. Pero al no culminar la desaparición mercantil del Sitio 300 para sanear el servicio de transportación terrestre, aparecieron personajes truculentos para “defender” a los propietarios de taxis federales y armar una trama con organizaciones de otras terminales a fin de “defender su territorio”.
Es el caso de Oscar Ernie Orozco Perea, quien fuera subdirector de Transportación terrestre del AICM hasta principios de agosto de 2022, despedido ipso-facto al quedar revelada su red de corruptelas y cochupos, pero que sin esperar siquiera pasara el tiempo de ley del servicio público para desempeñar trabajo relacionado con su anterior desempeño como funcionario, se apersonó como representante del Sitio 300.
Con aire nuevo, juntándose en otras terminales aéreas, esas pandillas, perdón, agrupaciones se aprestan a robar, perdón, restarle atribuciones al próximo Gobierno federal. A ver qué pasa.
May y los Chicos de Comalcalco. A unos días de que Javier May se entronice como gobernador de Tabasco, diversos trabajos periodísticos han expuesto la red de negocios con “amigos” que realizó durante su paso al frente del Fonatur, asignando de manera directa y/o simuladas a empresitas casi inexistentes de su natal Comalcalco por más de 250 millones de pesos. La investigación realizada en colaboración entre Connectas, FDP y Aristegui Noticias que se puede consultar en la liga de Internet “Así benefició Javier May a políticos y empresarios tabasqueños (connectas.org)” detalla los contratos del “capitalismo de cuates” en los Centros Integralmente Planeados (CIPs) y en las inmediaciones del Tren Maya.
Por ejemplo, se exponen los contratos de César Velázquez Ruiz, socio de la compañía Construcciones y Edificaciones del Sureste, alojada en un tendajón pero que recibió trabajos en Cancún y en Tulum. Así mismo, se muestra el caso de otro “socio”, Francisco Javier Díaz Domínguez quien también obtuvo sus contratitos por 5.1 millones de pesos por montos superiores a lo establecido por la Ley Federal de Obra y Servicios Relacionados.
Vaya, desde la Maderería y Ferretería Velher, propiedad de Marco Vinicio Velázquez y de Saturnino Díaz, pasando por Esdras Taracena Gómez (que ya que ganó contratos por más de 35 millones en rehabilitación de ciclopistas hasta tratamiento de plantas de aguas residuales) y llegando a Manuel Graniel Zenteno, quien es hermano de la diputada Margarita Graniel Zenteno… cuyo contratos por 12.5 millones de pesos para hacer casas en Campeche, Yucatán y Quintana Roo, le permite compartir fortuna, domicilio y amor con la Constructora y Comercializadora Ocasa de Anette Capitaine Murillo.
Así que ahora en adelante, ¡pura gozadera presupuestal en Tabasco!
Torreón, presupuesto seguro en seguridad. Torreón, Coahuila, es caso de éxito en materia de seguridad: casi el 70 por ciento de su población se dice más tranquila. ¿La razón? Casi 18% del presupuesto municipal anual se destinó a una robusta estrategia que incluye capacitación, exámenes de control y confianza, sistema de videovigilancia de primer nivel y arcos de seguridad. El alcalde Alberto Román Cepeda mantiene con el Grupo de Reacción Torreón una coordinación y seguimiento puntual con el resto de instancias estatales y federales. ¡Que así fueran todos los municipios!
Santiago Nieto al IMPI. Pues que ya se le vio al que fuera el temible jefe de la UIF de principios de este sexenio, Santiago Nieto, pasar revista a los funcionarios del estratégico Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.
Será, al parecer, sucesor de José Sánchez, quien efectuó un trabajo memorable para la creación de marcas colectivas y de identificación geográfica.
