Está bajo cuestionamiento la carta de presentación de México en la coyuntura mundial del reacomodo geopolítico, de inversión y producción: el condicionamiento de Andrés Manuel López Obrador a que Tesla se instale a donde se le otorguen permisos federales —pozos de agua, acceso a gas, conexión eléctrica— ya sea cerca del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles o en los estados del sur mexicano, harían de Elon Musk la muestra viviente de que malgastamos otra oportunidad histórica.
Así, en vez de acceder al nearshoring, el embarque de cercanía (de materias primas y productos acabados), tendremos un shortshoring; es decir, embarques reducidos al tráfico de piezas y partes de manufactura en la frontera norte en las dimensiones ya existentes…, pero con bajas expectativas de crecimiento cuantitativo o cualitativo en el futuro próximo por atajar una de las inversiones más relevantes en el mundo en lo que a electromovilidad e inteligencia artificial se refiere.
Ciertamente hoy en la mañanera, López Obrador no dirá que se canceló la inversión de Tesla, sino que tras una muy constructiva y respetuosa conversación, Elon Musk confirmó que sí vendrá a México…, pero que aún no deciden el lugar en donde instalarán la mega planta, pero que ya para diciembre, además de mucha agua, estará listo el Tren Maya conforme a la promesa ofrecida por el general Gustavo Vallejo.
Entonces habrá dos escenarios posibles: 1) que los directivos de Tesla se esperen a que pasen algunos años —que se hagan patos— y que, ya sin López Obrador en el poder, decidan dónde establecerse y/o comprar un terreno de manera especulativa. Algo así como lo realizado por Constellation Brands, que lleva Daniel Baima, que dijo que construiría su nueva planta cervecera en el sur de Veracruz —hasta eligió polígono— pero no ha dicho cuándo. 2) Que pasado ese periodo Tesla haya detectado mejores oportunidades, ya sea ampliando su planta en Texas o en otro país con garantías en el cumplimiento del marco legal.
Por supuesto que lo mejor para México es que mañana, en el Investor Day, Musk anunciara el emplazamiento definitivo y se tome el tiempo que requiere para una planificación adecuada para un proyecto exitoso.
Sin embargo, en todos los casos, lo lamentable es que —como aquí se comentó— la yegua del nearshoring nos está quedando grande.
Desconocen a Rodrigo Muñoz en City Towers. Un creciente número de vecinos de los 808 departamentos City Towers Green & Black de la alcaldía Benito Juárez están denunciando públicamente a Rodrigo Muñoz Dromundo de hacerse pasar como representante de los que ahí habitan por dañar su integridad al revelar información privada “y poner en riesgo nuestra seguridad personal y del condominio de manera dolosa con el fin de obtener beneficios personales”, dice a la letra un texto enviado a este columnista por un grupo de vecinos de la edificación. Los vecinos en cuestión descalifican a Muñoz Dromundo como su portavoz y reconocen que si bien existen habitantes que buscan resolver los problemas, el conflicto con el desarrollador privado es totalmente entre particulares. Vale destacar que las acusaciones de Muñoz Dromundo han alcanzado un nivel político pues fundamentan la presunta existencia de un “Cártel Inmobiliario” promovido por los gobiernos panistas de la demarcación a fin de violar normas deconstrucción y dañar a los dueños de los condominios, lo cual provocó que tres funcionarios locales tengan órdenes de aprehensión. Los vecinos de City Tower se deslindan de “su defensor” pues acotan que tal es la mala fama generada por Muñoz Dromundo que provoca la pérdida de valor —ya sea para renta o venta— de sus propiedades. Por cierto, ¿cuáles serán los beneficios personales que busca el vecino en discordia? Bueno, ya incluso amenazó a que meterá seguridad privada en el condominio —“monstruos que trabajan en discotecas”— a costo de todos los habitantes.
Mugritas del Bienestar. No podía saberse, pero todo indica que la Secretaria del Bienestar, de Adriana Montiel Reyes, adjudicará el contrato de este año a Limpieza Jored, vinculada a José Reyes Domínguez, todo cortesía de la directora de recursos materiales, Aideé Ángeles Arroyo, quien limpió de competidores el paso al flamante proveedor. Y no le hace que con esto se pueda configurar un daño (¿otro) al erario, cosa que evidencia el Contrato Marco dictado por Hacienda pues hubo mejores ofertas económicas y con capacidad probada. Y como al parecer Jored no cuenta con el REPSE, emitido por la STPS, de Luisa María Alcalde, requisito indispensable para estos servicios tercerizados, parece que en Bienestar ya mandaron al bote de la basura los preceptos de austeridad y transparencia.
