Tragedia de los Servidores de la Nación

Entre las historias que afloran tras el paso del huracán John está la de un millar de integrantes de los llamados servidores de La nación, la fuerza de promoción y enrolamiento a los programas sociales a través de la Secretaría del Bienestar en la que repite Ariadna Montiel al frente, que no obstante el agigantado crecimiento del llamado “gasto de operación” para esas brigadas, éstas hoy padecen —como desde hace más de un año— condiciones indignas, inhumanas e insalubres.

Como se documentó en este espacio, el presupuesto de gasto de operación —salarios, viáticos, instalaciones e instrumentos de trabajo— para la distribución de “apoyos sociales” pasó de los 6 mil millones de pesos en 2020 hasta los casi 19 mil millones de pesos en 2024… sin que hubiera aumentando en esa misma proporción el número de beneficiarios de la tercera edad: madres solteras, niños o jóvenes o la dimensión de parcelas atendidas con la entrega de fertilizantes gratuitos.

El número de servidores de la nación que coordina Carlos Torres desde la Secretaría Técnica de la Presidencia, suma casi 19,400 integrantes, un número que también se ha mantenido relativamente constante incluso durante los pasados comicios federales en donde fueron elemento central para captar el apoyo de la población a favor del partido oficial, Morena, y sus candidatos.

Sin embargo, el aluvión de dinero no se expresa cuando en las condiciones de trabajo de aquellos que llegaron a atender desde octubre del 2023 a los damnificados por el huracán Otis, distribuyendo ayuda de emergencia, ayudando a recoger las toneladas de basura y despojos, a distribuir materiales de reconstrucción y, lo más relevante, levantado el padrón de beneficiarios y generando el sentimiento de “acercamiento gubernamental” para la entrega de ayudas en efectivo que en algunos casos fue hasta 80 mil pesos por persona.

Sin esa fuerza territorial es imposible imaginar el triunfo casi aplastante que obtuvo el oficialismo en la ciudad más importante de Guerrero: Acapulco. Muchos de sus integrantes son rotados hacia otros lugares del país… pero los que llegaron o siguen ahí, saben lo que es un desayuno de apenas una latita de atún con galletas, hacer filas de hora y media para tomar una ducha, compartir unos cuantos inodoros portátiles que no se caracterizan por salubres.

Videos que han llegado a este columnista muestran desastradas casas de campaña montadas sobre tarimas de madera que apenas sobresalen del agua que John arrojó en Acapulco; covachas improvisadas que se hunden en el lodo, protegidas por hules raídos rodeadas de cordones con ropa colgada que intenta quedar seca; una cocina y comedor igual, en condiciones precarias. El calor tropical convierte esos habitáculos en hornos de vapor.

Y sí, son empleados públicos… o deberían serlo, pues se pagan con impuestos. A los servidores como tal les pagan 12 mil pesos al mes más 3,750 de viáticos… pero a los promotores les pagan 9,500 pesos “pelones”. De prestaciones mejor ni hablamos.

En suma, un gobierno, el de Andrés Manuel López Obrador, que afirmó defender a los trabajadores no atiende a quienes lo volvieron a encumbrar.

El escándalo que viene. Dicen nuestras fuentes que se viene un nuevo escándalo político que involucra a una empresa transnacional envuelta en numerosos casos de corrupción en el mundo y varios flamantes funcionarios del futuro gobierno, están cobrando por lavar todos los pecados de la empresa. Espere noticias.

Con la lupa sobre simuladores. A partir de este martes primero de octubre inicia el cambio de diversos funcionarios en la Secretaría de Marina, que llevará el almirante Raymundo Morales Ángeles, aunque hay gran similitud de agendas temáticas entre el equipo que termina y el que llega. Tal es el caso de la supervisión de las actividades de cabotaje reservadas a embarcaciones mayoritariamente nacionales: en los últimos años la Unidad de Capitanías de Puerto y Asuntos Marítimos (UNICAPAM), que tuvo como titular a Ubaldo Gómez Rodríguez se realizó un trabajo riguroso para detectar a empresas que han simulado ser nacionales para prestar servicios a industrias de petróleo y gas, como Pemex y otras empresas.

Usted recordará el caso de Hornbeck Offshore Services de México a la que le fue retirado el registro público marítimo hace unos años y que aún tiene mañosamente operando una embarcación. Nos dicen que el nuevo equipo de la UNICAPAM continuará por esta ruta para supervisar y sancionar a las más de mil navieras fachada que han creado empresas extranjeras de off shore como Harvey Gulf, Harren Group y Tidewater.

Cofepris-Birmex, incógnitas. A horas del cambio de gobierno, dos de los brazos operativos del sector Salud que llevará David Kershenobich aún no tienen directiva visible. En el caso de la Comisión Federal de Prevención de Riesgos Sanitarios ya le comentamos de la fuerte posibilidad de que el organismo sea encabezado por el diputado federal por el Distrito 7 de la alcaldía Gustavo A. Madero, Juan Guillermo Rendón, quien fue el segundo político más votado a nivel nacional para llegar a la LXVI Legislatura y quien llegó con la estampa de descarrilar nada más y nada menos que al exjefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera: además de tener experiencia en la industria farmacéutica, Rendón ha hecho “mucho territorio” acercando apoyo médico a las personas de la demarcación capitalina. La incógnita más relevante es qué sucederá con el general Pedro Jens Lohmann. Hay una gran rebatinga para determinar quién conducirá Birmex.

Murat, bajo fuego. No le sirvió de mucho al exgobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, transmutarse a Morena: la Auditoría Superior de la Federación le detectó irregularidades por casi 1,170 millones de pesos en el ejercicio de 2021. Ni pex.