En dos semanas sabremos quién construirá el Segmento Sur del Tren Maya, luego que Fonatur, a cargo de Rogelio Jiménez Pons, pondere la solvencia de las ofertas económicas y técnicas que presentaron 6 consorcios para unir a Playa del Carmen con Tulum con convoyes que en su momento saldrán cada 12 minutos… y que implicarán la necesaria mejora del destino más high de la Riviera Maya, Tulum, pero que carece de servicios tan básicos como una buena planta de tratamiento de aguas residuales y vialidades.
El próximo 22 de enero, a su vez, se presentarán las ofertas para el Segmento Norte, del Aeropuerto de Cancún a Playa del Carmen, para dar fallo el 10 de febrero conforme al calendario del concurso. La competencia seguramente también estará difícil, pues sorprendió en esta ocasión “la tirada al piso” que hizo el consorcio encabezado por China Power, que lidera Jun Tian, de la mano de la española ASCH, de Delfino Gibert (y un grupo de pequeñas constructoras mexicanas), con una oferta de 15,543 millones de pesos, ¡casi 13 mil millones de pesos por debajo de la de Carso, y La Peninsular de Carlos Hank González!
La estación Tulum del Tren Maya estará, con toda seguridad, enlazado al nuevo Aeropuerto Internacional que se edificará en unas 1,300 hectáreas en la zona del Ejido Jacinto Pat que actualmente están en proceso de negociación con la comunidad, tanto en precios como la inducción de obras urbanas que se requieren para un crecimiento ambientalmente sustentable, para lo cual se requerirá de la autorización de Semarnat, de María Luisa Albores, incluso también para un nuevo acceso vehicular a Tulum para descongestionar la zona turística.
Como es sabido (y usual), la Sedena, de Luis Cresencio Sandoval, construirá un aeropuerto de dos pistas; en tanto que Fonatur se avocará al rediseño y funcionalidad de Tulum que incluirá la primera Smart Forest City en México. Ya le contaré.
PAN y el “Espejo Guatemalteco”. Ayer le conté sobre la auditoría que en 2019 realizó la Contraloría General de Cuentas del Gobierno de Guatemala, a cargo de Edwin Salazar, sobre el convenio que el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), a cargo de Carlos Contreras, firmó con la UNOPS para abasto de medicamentos 2017-2018, en el que la entidad auditora reprobó a esa oficina de Naciones Unidas por falta de eficiencia e incumplimiento de lo pactado. Quizá la crítica más fuerte de la Contraloría es que la UNOPS se ha manejado en su país como entidad inauditable, pero que el IGSS registra anomalías, como que no le fue reembolsado en tiempo y forma el dinero no ejercido, pero sobre todo que se compró poco, incluso a precios mayores y con ineficiente entrega. Y ante el rezago de 3 meses que la UNOPS ya lleva en el proceso de compra para México, el presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, el panista Éctor Jaime Ramírez, envió una carta a Grete Faremo para que la UNOPS informe el estatus actual del proceso, pues “el retraso para nuestro país se ha traducido en falta de medicamentos, compra de medicamentos caros y corrupción, amén de la doble carga para la población más vulnerable: la carga de la enfermedad y la carga económica del gasto del bolsillo”. Y es que nadie quiere que nuestro país viva los problemas del vecino sureño.
Concamin pide vacunas. Ya la ANTAD, que dirige Vicente Yáñez, solicitó a la Cofepris, de José Alonso Novelo, que se le permita comprar vacunas anti-Covid-19 para que supermercados y tiendas departamentales inoculen a sus trabajadores que se encuentran en contacto con clientes. Ahora es la Concamin, que encabeza Francisco Cervantes, la que solicitó se le permita la compra de 100 mil kits (tan pronto estén disponibles en el mercado) para aplicar entre trabajadores, empleados y ejecutivos de proceso fabriles que no pueden trabajar mediante home office. Crece la exigencia por una estrecha cooperación de Gobierno e iniciativa privada para enfrentar la pandemia.
