El 1° de diciembre, la Corte Suprema estadounidense escuchó en audiencia pública los alegatos del caso Dobbs v. Jackson Women´s Health Organization. El origen de la controversia es una ley de Misisipi, aprobada en 2018, que prohíbe el aborto después de 15 semanas de gestación. La prohibición no es absoluta, pues permite la interrupción del embarazo si la salud de la madre está en peligro o si hay anormalidad grave del feto, pero no la autoriza en casos de violación o incesto. La ley no está vigente, pues los tribunales federales han bloqueado su entrada en vigor al considerar que su contenido viola la protección contemplada en el caso Roe v. Wade, que permite el aborto hasta antes de la viabilidad del feto (alrededor de las 24 semanas).
En junio de 2020, la representación de Misisipi solicitó al máximo tribunal que considerara si algunas de sus prohibiciones podrían ser constitucionales. Esto ocurrió antes del fallecimiento de la ministra liberal Bader Ginsburg y su reemplazo con la conservadora Barrett. Dado que la mayoría conservadora es ya de seis ministros, la Fiscalía de Misisipi ahora demandó la total anulación de Roe v. Wade. Es sobradamente conocida la postura de los ministros Thomas y Alito sobre el aborto. El primero considera el precedente de Roe notoriamente erróneo, mientras el segundo niega tajantemente la existencia del derecho a abortar. El ministro Kavanaugh señaló que, dado que la Constitución no es provida ni proelección, lo deseable sería que fueran los congresos estatales o el congreso federal los que resuelvan la cuestión. A su vez, la ministra Barrett consideró que las leyes estatales que permiten a las mujeres dejar a sus hijos no deseados en instituciones de adopción, sin ser procesadas por abandono de infante, reducen la carga de la maternidad. El que las mujeres en Estados Unidos hayan gozado del derecho a abortar durante más de 50 años no ha perturbado al ala conservadora. Los ministros Alito, Gorsuch, Kavanaugh y Thomas manifestaron su disposición a anular el precedente de Roe v. Wade, estimando que su adopción en 1973 fue un error que están dispuestos a enmendar.
Los integrantes del ala liberal de la Corte advirtieron que la anulación de un derecho disfrutado durante décadas abonaría a que ese tribunal fuera percibido como un órgano político. El ministro Breyer subrayó que una eventual anulación debe basarse en principios, no en presión social. La ministra Sotomayor preguntó si la Corte podría sobrevivir al hedor creado por la percepción pública de que la Constitución y su interpretación son sólo actos políticos. Por su parte, la ministra Kagan señaló que ese tribunal debe abstenerse de actuar de manera que haga a la gente pensar que resuelve dependiendo qué parte de la sociedad grita más fuerte o si cambian los ministros. Aun cuando la Corte Suprema resolverá el caso hasta el próximo verano, el desarrollo de la audiencia hace ver que el derecho a abortar como lo conocemos está seriamente amenazado.
