En Estados Unidos el derecho de las mujeres a interrumpir voluntariamente el embarazo se encuentra amenazado. Al resolver en 1973 el caso Roe v. Wade, la Corte Suprema facultó a las autoridades federales para protegerlo. Desde entonces, han existido varios intentos de las legislaturas estatales para desafiar la prevalencia de la tutela federal, pero hasta ahora han sido infructuosos. Esta situación puede cambiar las próximas semanas.
Anteriormente reseñé los rasgos principales de la Ley del Senado 8 (LS8), aprobada por los legisladores texanos en mayo, que es extraordinariamente restrictiva, pues prohíbe la práctica del aborto después de seis semanas de gestación, sin excepciones. Dos características la distinguen de intentos previos. La primera consiste en responsabilizar civilmente a quienes practiquen el aborto, así como a quienes les ayuden para llevarlo a cabo. La segunda es que autoriza a cualquier ciudadano a demandar a dichas personas, recompensando su denuncia con hasta 10 mil dólares. Al diseñar así la ley, su cumplimiento es transferido a los particulares, mientras las autoridades se desentienden del mandato federal vigente.
Durante las últimas semanas la actividad procesal respecto a la LS8 ha sido intensa. Antes de su entrada en vigor, el Departamento de Justicia solicitó a la Corte Suprema que la suspendiera. El 1º de septiembre, la mayoría conservadora de la Corte Suprema se negó a conocer del asunto. De ahí que la administración federal interpusiera un recurso ante un juez de distrito con sede en Texas. El 6 de octubre, dicho juzgador acordó la suspensión de la ley. El gobierno de Texas impugnó la suspensión ante una Corte de Apelaciones; ésta última decidió bloquear la resolución del juez. Una vez más, el 18 de octubre, el Departamento de Justicia buscó la intervención del máximo tribunal, solicitándole que dejara sin efectos la resolución de la Corte de Apelaciones. Como era de esperar, el gobierno local insistió en que el Departamento de Justicia carece de interés para impugnar la ley. Además, el procurador texano solicitó que el máximo tribunal considerara que la LS8 cuestiona el caso Roe v. Wade, buscando así que el precedente judicial sea revisado.
El viernes pasado, el máximo tribunal acordó revisar la ley sin suspender su vigencia. Si bien no analizará su constitucionalidad, a partir del 1º de noviembre la Corte revisará dos cuestiones. En primer término, determinará si el estado de Texas puede impedir la revisión a cargo de las cortes federales de una ley que prohíbe el ejercicio de un derecho constitucional, delegando en la ciudadanía la autoridad para cumplirla. Por otra parte, decidirá si el gobierno federal puede acudir a una corte federal y obtener de ella una suspensión en contra de actos de autoridades estatales (incluyendo jueces) y ciudadanos, a fin de impedir que la LS8 tenga efectos. No puede descartarse que Roe v. Wade sea revisado durante la discusión. La composición mayoritariamente conservadora de la Corte hace temer que el derecho al aborto sea restringido.
