La Corte Penal Internacional (CPI) es el principal órgano judicial independiente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), con sede en La Haya, Holanda. Es un tribunal internacional con atribuciones para investigar actos constitutivos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y de guerra. Tanto Ucrania como Rusia se abstuvieron de ratificar el Estatuto de Roma (que regula la existencia y funcionamiento de la Corte); no obstante, en 2014 Ucrania decidió aceptar su jurisdicción después de que el ejército ruso invadiera Crimea.
El gobierno de Putin ha señalado reiteradamente la existencia de genocidio en contra de la población rusoparlante en las regiones de Donetsk y Lugansk (situadas en el oeste ucraniano). Días antes de la invasión, Moscú reconoció a dichas regiones como repúblicas independientes. De hecho, el despliegue de tropas en territorio ucraniano, calificado como “operación militar especial”, se justificó como un intento para prevenir y castigar actos genocidas en esas regiones. Esto explica que el 26 de febrero, tan sólo dos días después de iniciada la invasión a su territorio, el gobierno de Ucrania haya solicitado a la CPI el inicio de un proceso en contra de Rusia, respecto a la interpretación de la Convención sobre el Genocidio. Además de negar que dichos actos hubieran tenido lugar, Kiev demandó la emisión de medidas provisionales que suspendieran inmediatamente las operaciones militares. El 5 de marzo, la federación rusa respondió a la Corte, informándole que se abstendría de participar en las audiencias orales. Dos días después, el embajador ruso en Holanda manifestó que su gobierno no reconocía la jurisdicción de la Corte, pidiéndole que se abstuviera de solicitarle cualquier medida e instándola a declararse incompetente para conocer de los hechos.
El 16 de marzo, la CPI se pronunció respecto a la petición del gobierno ucraniano. Su resolución consta de tres puntos. El primero señala que la federación rusa suspenderá inmediatamente las operaciones militares iniciadas el 24 de febrero en territorio de Ucrania. El segundo insta al gobierno de Putin a asegurarse que las unidades armadas, regulares e irregulares, así como las organizaciones y personas sujetas a su control y dirección, dejen de realizar avances de las operaciones militares. Y el tercero exhorta a ambos países a abstenerse de hacer cualquier acción que pudiera agravar o extender la disputa o hacerla más difícil de resolver. Únicamente el tercer punto fue aprobado de manera unánime por 15 magistrados. Los dos primeros, dirigidos sólo al gobierno de Putin, contaron con el visto bueno de una mayoría de 13 juzgadores, mientras que dos se manifestaron en contra. No sorprende que los votos minoritarios sean los del vicepresidente ruso, Kirill Gevorgian, y de la jueza china Xue Hanqin. La negativa de Putin a reconocer la competencia de la Corte, equivale a doblar su apuesta por la vía armada. La discreta alianza con Pekín aumenta la incertidumbre en torno a la posibilidad de resolver pacíficamente la crisis en Ucrania.
