El 31 de agosto, la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo público un informe de evaluación relativo al estado que guardan esos derechos en la región autónoma Uigur de China.
Desde 2017, grupos de la sociedad civil denunciaron que integrantes de la comunidad Uigur han desaparecido de la región de Xinjiang. Diversas oficinas de Naciones Unidas han reportado desde 2018 un dramático incremento en los casos de personas practicantes de la fe musulmana que han sido internadas en campos para su “reeducación”. Investigaciones publicadas desde entonces, provenientes de diversas fuentes, así como denuncias de las propias víctimas, han señalado la existencia de detenciones arbitrarias para confinar a los detenidos en dichos campos donde son sometidos a trabajos forzados, violencia sexual y tortura.
El gobierno chino ha aceptado la existencia de campos vocacionales de entrenamiento para personas que han cometido faltas menores, señalando que forman parte de sus estrategias de combate al terrorismo y prevención del extremismo en Xinjiang. También ha declarado que los campos contribuyen al desarrollo, la creación de empleos y la reducción de la pobreza en la región.
A fin de elaborar el informe, la oficina de la Alta Comisionada mantuvo conversaciones e intercambios técnicos con el gobierno chino. Durante su elaboración se revisó material documental creíble en términos de la metodología aplicada a las cuestiones de derechos humanos, analizando también la legislación, datos y declaraciones gubernamentales. Trascendió que el reporte terminó de redactarse en diciembre de 2021. Su publicación, sin embargo, se retrasó por presiones chinas que buscaban se diera a conocer hasta después de los Juegos Olímpicos de Invierno que tuvieron lugar en febrero pasado. La visita a la región en mayo de Michelle Bachelet fue otra causa de retraso.
El último día de su gestión como Alta Comisionada, la oficina de Michelle Bachelet publicó el esperado reporte de 45 páginas que confirma la existencia de prácticas consideradas como crímenes a la luz de la legislación internacional. Entre las 13 recomendaciones emitidas al gobierno de Pekín destacan la liberación inmediata de las personas detenidas arbitrariamente en los campos de “reeducación”, así como para que proporcione a los familiares de los detenidos información exacta de su paradero con el objeto de permitir su reunificación; una revisión exhaustiva del marco legal regulatorio de la seguridad nacional, el contraterrorismo y los derechos de las minorías (asegurándose que sea acorde con el derecho humano internacional), así como la derogación urgente de leyes, prácticas y políticas discriminatorias contra los uigures y otras minorías musulmanas; se le conmina a realizar una investigación de las violaciones a los derechos humanos en los centros de detención, incluyendo acusaciones de tortura, violencia sexual, maltrato, trabajos forzados y muerte de los detenidos.
Un día después de emitido el informe, el gobierno chino lo descalificó al considerarlo basado en mentiras y desinformación. La discrepancia entre la ONU y Pekín hace temer que la situación de los uigures no mejorará.
