En octubre del año pasado planteé en este espacio la posibilidad de que, rompiendo el techo de cristal, las y los integrantes de la Suprema Corte designaran por primera vez en su historia a una presidenta. Resulta que, en la primera sesión de 2023, luego de tres rondas de votación, las y los ministros decidieron que el máximo tribunal sea presidido por una mujer durante los próximos cuatro años.
Considerando los votos de dicha sesión, intentaré responder algunas dudas sobre lo que significa la llegada a la presidencia de Norma Piña. Primero, ¿es el resultado de la solidaridad de género entre las ministras? La respuesta es no. El voto de las ministras se dividió paritariamente en la tercera ronda. La ministra Piña votó por sí misma, junto con la ministra Esquivel, mientras que las ministras Ortiz y Ríos lo hicieron por el ministro Gutiérrez. Por otro lado, ¿se respetó en el proceso el “derecho de antigüedad” para aspirar a la presidencia? Limitando el análisis a las dos últimas rondas de votación, en las que los candidatos con más votos fueron Gutiérrez y Piña, la respuesta es negativa, ya que el primero fue nombrado en 2012 y la segunda en 2015, de modo que no resultó electo el ministro con mayor antigüedad. Otra interrogante: ¿fue un movimiento pendular entre los miembros de la carrera judicial vis-a-vis los externos? Difícil de afirmarlo, pues, si bien la decisión del Pleno recayó en una persona con una trayectoria laboral de más de tres décadas en el poder judicial federal, lo cierto es que el voto de los ministros con antecedentes de carrera judicial federal se dividió: a favor de Piña votaron los ministros Pardo y Pérez Dayán, en tanto que Aguilar (quien fue su jefe en algún momento), votó por su contrincante.
Concentrar la atención en la cabeza del poder judicial conlleva el riesgo de olvidar que, por su naturaleza colegiada, la gestión de cualquier presidente requiere contar con el apoyo de sus colegas. Esto es esencial en los aspectos administrativos. Recordemos que las decisiones en el Consejo de la Judicatura se toman por mayoría. Ahí, la presidenta podrá contar con el apoyo de tres consejeros del poder judicial, pero necesitará de los votos de los integrantes nombrados por el Senado y el Ejecutivo. Recordemos que al Consejo le corresponde la administración y vigilancia de juzgados de Distrito y tribunales de Circuito, órganos que resuelven la mayoría de los juicios federales. Es arriesgado hacer un balance de una presidencia que recién comienza. Me atrevo a adelantar, no obstante, que la presidenta dará un gran impulso a la equidad de género. Ello dado que, en apenas seis semanas, ha nombrado a mujeres en la Oficialía Mayor y la Secretaría de la Presidencia en la Corte, así como en las Secretarías de Administración, de Disciplina, el Instituto de la Defensoría Pública y la Escuela de Formación Judicial del Consejo, posiciones anteriormente ocupadas por varones. Enhorabuena.
