“Quédate en México” es un programa implementado por la administración Trump para hacer frente al flujo migratorio procedente de nuestro país. Desde enero de 2019, el Protocolo de Protección al Migrante (nombre oficial del programa) implica que quienes soliciten asilo en Estados Unidos desde la frontera mexicana deberán esperar en territorio nacional la resolución de su caso, pudiendo tardar varios meses o años.
En enero de 2021, la nueva administración estadounidense suspendió temporalmente su aplicación, y el presidente Biden ordenó su revisión como parte de una estrategia más amplia para el control de la frontera y la migración regional. Finalizada su revisión, el Departamento de Seguridad Nacional decidió concluirlo pues consideró injustificados los recursos destinados a su implementación e incompatible con los objetivos del nuevo gobierno federal. Ante esto, los estados de Texas y Missouri, encabezados por gobernadores republicanos, se inconformaron ante los tribunales. Argumentaron que la terminación del programa les perjudicaba dado que tendrían que proveer de servicios gubernamentales (como la expedición de licencias de conducir) a los inmigrantes que ingresaran a su territorio.
El 13 de agosto, Matthew Kacsmaryk, juez federal de distrito en Texas con sede en Amarillo, ordenó la reinstauración total del programa “Quédate en México” a partir del 20 de agosto. De acuerdo con el juzgador, el Departamento de Seguridad Nacional deberá continuarlo mientras no proporcione una explicación adicional para justificar su rescisión y cuente con la capacidad de detener a todos los extranjeros que arriben a la frontera sin permiso de entrada al territorio estadounidense. Esta inusual interpretación de la ley posiblemente tiene un sesgo partidista. Recordemos que el nombramiento de Kacsmaryk fue una propuesta del presidente Trump quien debió nominarlo en cuatro ocasiones. Ello, en razón de que fue rechazado tres veces pues los senadores demócratas lo consideraron demasiado conservador, particularmente respecto a sus opiniones en torno a las minorías LGBTI y la contracepción de las mujeres.
El Departamento de Justicia impugnó la resolución del juez texano ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans. Aun cuando dicha Corte admitió el recurso interpuesto, se rehusó a suspender la resolución del juez inferior. Esto motivó que el representante del gobierno federal solicitara dicha suspensión a la Suprema Corte. El máximo tribunal emitió su resolución el 24 de agosto. En ella determinó que la administración Biden no logró justificar el fin del programa y que su cierre había sido arbitrario y caprichoso. Si bien los integrantes del ala liberal (Breyer, Kagan y Sotomayor) se opusieron, la mayoría conservadora concluyó que la suspensión del Protocolo Migrante fue indebida, pues no consideró el impacto que esto tendría en los estados de Texas y Missouri, manteniendo firme la resolución del juez Kacsmaryk. Dependiendo de la decisión de la Corte de Apelaciones, el máximo tribunal posiblemente volverá a conocer del “Quédate en México”. Por las repercusiones en México, es fundamental seguir pendientes de la evolución en la política migratoria estadounidense.
