El 16 de agosto, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados publicó el proyecto de dictamen a la iniciativa presidencial en materia de reforma judicial enviada en febrero pasado.
Entre las poco más de cien modificaciones realizadas al documento original, destaca una referente a los integrantes de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En su artículo segundo transitorio el proyecto establece que durante 2024 y 2025 se elegirán las magistraturas vacantes de la Sala Superior. Señala también que quienes vayan a ser sus integrantes serán electos mediante voto directo, deberán distinguirse por su probidad y durarán en su cargo seis años improrrogables. El artículo cuarto transitorio detalla los periodos de nombramiento de estos juzgadores: las dos vacantes que hasta ahora no han sido designadas por el Senado serán nombradas en la elección de 2025 por un periodo de ocho años que concluirá hasta 2033; los restantes permanecerán en su encargo hasta 2027 cuando tendrá lugar una nueva elección. Quienes resulten electos en esa última fecha tendrán un nombramiento de seis años, de modo que concluirán su encargo en 2033, cuando se renovará la totalidad de los integrantes de la Sala Superior.
Recapitulando: la reforma señala como regla general que el encargo de los magistrados de la Sala Superior será de seis años. Sin embargo, inmediatamente después establece una excepción pues determina que, quienes resulten nombrados en 2025, mediante voto popular ejercerán su cargo por ocho años. Por si esto no fuera suficientemente confuso, sin ofrecer explicación, prorroga por tres años más los nombramientos de quienes en este momento son magistrados.
Recordemos las circunstancias en las que estos juzgadores asumieron sus cargos en 2016. En ese entonces, el Senado acordó que dos de sus siete integrantes ocuparían el cargo tres años, otros dos lo harían por seis años y los tres restantes durarían nueve. Lamentablemente, después de haber rendido protesta para desempeñar sus cargos por el periodo para el que fueron designados, gracias a una maniobra legislativa, una semana después el Senado aprobó un nuevo dictamen que agregó años a sus nombramientos: cuatro a quienes concluirían en 2019 y dos a quienes terminarían en 2022. Sin esa treta, los magistrados Fuentes y Rodríguez habrían concluido el encargo en 2022, no en 2024. Si el proyecto es aprobado en sus términos, estos dos magistrados, a pesar de haber recibido un nombramiento por seis años, lo ejercerían por 11 y las magistradas Otálora y Soto, así como el magistrado De la Mata, también serían miembros de la Sala Superior por 11 años, aun cuando su nombramiento original fue de nueve. Recordemos que el artículo 99 constitucional, vigente al momento de aprobación de los nombramientos, establece que los integrantes de la Sala Superior ejercerán su cargo durante nueve años improrrogables. A pesar de eso, sin fundar ni motivar, los legisladores decidieron extender los encargos más allá de los límites establecidos en la Constitución.
