El jueves pasado, la Suprema Corte estadounidense desechó la última controversia relacionada con la utilización del Título 42 de la ley de servicios públicos de salud como medida de contención migratoria. Basándose en esa norma, que faculta a una agencia gubernamental federal a impedir la entrada de portadores de enfermedades contagiosas, al inicio de la pandemia de Covid-19 la administración Trump prohibió el ingreso de migrantes en sus fronteras. Ello le permitió expulsarlos sin que pudieran acceder a un proceso legal que determinara si podían ser acogidos como asilados o refugiados.
El triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre de 2020 no significó un cambio inmediato de la política migratoria, pues prorrogó el uso del Título 42. En abril de 2022, el gobierno federal anunció que dejaría de utilizarse ya que la emergencia sanitaria había concluido. Sin embargo, a partir del anuncio, la aplicación de la medida llegó a los tribunales federales. Primero varios fiscales de estados gobernados por los republicanos pidieron a un juez federal en Luisiana que impidiera la suspensión. Sin cuestionar que lo peor de la pandemia había pasado, alegaban que no se habían seguido los procedimientos para dejar de aplicarla. Aun cuando el gobierno federal apeló la resolución, el juez impidió suspender la aplicación de la medida.
Por otro lado, un grupo de organizaciones de migrantes inició una demanda ante un juez federal con sede en Washington D.C. En diciembre de 2022, dicho juzgador determinó que la aplicación del Título 42 era ilegal, ordenándole al gobierno federal concluirla de manera inmediata. Muchos de los fiscales estatales que habían sido actores del juicio en Luisiana se inconformaron ante la resolución. El juez, sin embargo, rechazó la participación de los fiscales. Esto motivó que buscaran la intervención de la Corte Suprema de manera urgente, solicitándole mantuviera la vigencia del Título 42 para evitar una crisis migratoria en la frontera.
Así, por una estrecha mayoría, a fines de 2022 el máximo tribunal decidió bloquear la resolución del juez con sede en la capital federal, manteniendo indefinidamente la vigencia del Título 42. También acordó realizar audiencias durante este periodo de sesiones para escuchar a los actores y determinar si los fiscales estatales podían participar en el juicio llevado a cabo en Washington D.C. Ahora bien, el 11 de mayo la administración Biden dio por concluida la emergencia sanitaria derivada del Covid-19 y con ello la aplicación del Título 42. De ahí que la Corte decidiera cancelar las audiencias programadas para fin de mes. Finalmente, el jueves pasado los togados regresaron el asunto al juzgado federal con sede en Washington D.C., ordenándole desecharlo por haber quedado sin materia. El justice Gorsuch, perteneciente al ala conservadora, emitió una declaración reiterando que la crisis en la frontera entre Estados Unidos y México no estaba relacionada con el Covid-19 y que la Corte había actuado equivocadamente en diciembre al garantizar la vigencia indefinida del Título 42. Tiene razón.
