Este fin de año, todos tenemos puesta la atención en un largo e inédito proceso electoral. Todos estamos hablando de sus protagonistas, sus improvisaciones, sus pleitos, sus violaciones a la ley y sus encuestas, mientras algo realmente importante está sucediendo:
Se nos está acabando el agua y nadie está hablando de eso.
De acuerdo con expertos de la Universidad Autónoma Metropolitana, 2028 puede ser el año que llegue el temido “Día Cero” para regiones como la Ciudad de México, cuando ya resulte difícil para las autoridades abastecer del recurso vital a la población.
28 mil millones de pesos en agua embotellada, fue lo que gastamos los mexicanos en 2022 a nivel nacional, según la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares. Un reflejo de la alarmante crisis hídrica que vivimos y no nos lo estamos tomando en serio.
93% de las viviendas mexicanas tienen acceso a agua entubada, de las cuales el 33% no tienen garantizado el suministro sin interrupción. Esto deriva en gastos adicionales, como agua embotellada, compra de pipas o sistemas de purificación.
En 450 años no se ha modificado el método de gestión del agua en la capital mexicana, asegura el experto Roberto Constantino Toto, coordinador general de la Red de Investigación en agua de la UAM; y mantenemos un régimen meteorológico que es insuficiente para llenar los sistemas de presas.
En noviembre pasado, el Sistema de Aguas de la Ciudad de México anunció una nueva reducción de 24.59% en el suministro de agua del Cutzamala para la capital del país y el Estado de México. Pasó de abastecer 12.2 a 9.2 metros cúbicos de agua por segundo.
Y ”posiblemente llegue a 8 metros cúbicos en algún momento del año que entra, llegando a un nivel mínimo de operación, no vamos a poder sacar más agua del Cutzamala”, dijo el mes pasado Víctor Javier Bourguett, director general de Agua Potable del Sacmex.
Y es que los niveles en las presas que nos abastecen, de Valle de Bravo, El Bosque y Villa Victoria, son muy bajos y la situación es similar en otras zonas del país.
En la pasada temporada de lluvias, las principales presas estaban en promedio al 44.6 % de su capacidad. Morelos, San Luis Potosí y Querétaro, tuvieron niveles por debajo de la media con 13 %, 12.7% y 7.1 % respectivamente.
En junio pasado llovió 61% menos comparado con el mismo mes de 1991 a 2020, según datos de Conagua y eso sí que es aterrador.
Nuevo León, que es un problema bien identificado, se agravó en este 2023. En octubre pasado, el gobierno estatal publicó en su Periódico Oficial la declaratoria de emergencia por la escasez que dejó en bajos históricos a las presas de Cerro Prieto con el 7.7% de su capacidad de almacenamiento, La Boca con 12.4% y El Cuchillo con 42.2%.
Se vivió una etapa de “sequía excepcional”, que es la más grave de las 4 etapas que se consideran.
La Facultad de Ciencias de la UNAM, ha alertado en específico sobre Monterrey, al señalar que, seguir desarrollando industrias en un lugar con falta de agua puede tener serias consecuencias.
Hasta el pasado 30 de septiembre, otros 48 municipios ubicados en Durango, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz padecieron sequía excepcional y en términos generales, 74.96% del territorio nacional presenta condiciones de sequía de moderada a excepcional.
Hasta el pasado 30 de septiembre, otros 48 municipios ubicados en Durango, Hidalgo, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz padecieron sequía excepcional y en términos generales, 74.96% del territorio nacional presenta condiciones de sequía de moderada a excepcional.
Según datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en 2012 se destinaron 57 mil millones de pesos en acciones de abastecimiento y administración del agua, ordenación de aguas residuales, drenaje y alcantarillado; este número se redujo 32% para este 2023, a 38 mil 500 millones de pesos.
“Toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, estableciendo la participación de la Federación, las entidades federativas y los municipios, así como la participación de la ciudadanía para la consecución de dichos fines”, dice claramente el Artículo 4° de la Constitución, vigente desde febrero de 2012.
Los legisladores tenían entonces 360 días para emitir una Ley General de Aguas. El plazo se venció en 2013 y en menos de 2 meses cumplirá 11 años en el tintero.
Pese a la emergencia evidente, este periodo de sesiones tampoco cumplió con el tema del agua, que está en niveles críticos y de cara a una verdadera emergencia para los mexicanos a corto plazo. ¿No es eso de lo que realmente deberíamos estar todos hablando?…
