El lunes pasado, Verónica estaba trabajando en su negocio de venta de pollos asados, cuando a las 5:25 de la tarde recibió en su celular un mensaje de WhatsApp, avisándole que ya estaba el escrito con la resolución de la audiencia (aplazada en dos ocasiones a petición del imputado), en la que se habría determinado si la sentencia dictada en febrero pasado a Diego Urik Mañón, asesino de su hija, se mantenía firme o no.
Recordemos a Jessica González Villaseñor. Era maestra de preescolar en Morelia y tenía 21 años cuando desapareció, el 21 de septiembre de 2020, luego de salir a tomar un café con el joven con el que estaba saliendo, según lo que le dijo a su madre.
Cuatro días después, su cuerpo fue hallado con estridentes huellas de violencia, en la zona residencial donde vivía su “amigo”, quien resultó ser su asesino.
Así comenzó la lucha de la familia de Jessica por hacer justicia, hasta que Diego Urik fue sentenciado a 50 años de cárcel por feminicidio, en febrero de este año.
Pero el pasado 6 de septiembre, el magistrado Gilberto Alejandro Bribiesca Vázquez, del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, resolvió disminuir 7 años y medio la pena del feminicida de Jessica, a 42 años y seis meses y el pago de un millón 246 mil pesos como reparación de daño.
El argumento fue “la obligación constitucional e internacional de respetar el derecho de Diego Urik Mañón Melgoza a reinsertarse socialmente, permitiéndole en la medida de lo posible, la oportunidad de reeducarse, dado que es joven, y en la época que cometió el delito tenía 18 años de edad”.
Claramente el sistema de justicia en Michoacán, nunca ha brillado por su efectividad ni rigor, mucho menos por su sensibilidad con las víctimas de violencia de género y lo vuelve a confirmar en esta ocasión.
Es un estado donde en 2022 sólo se tipificaron como feminicidio 43 de las más de tres mil muertes de mujeres, es decir, 1.43%. Mismo año en que Morelia ocupó el tercer lugar en la lista de los 100 municipios con más asesinatos contra mujeres a nivel nacional.
Para Verónica Villaseñor, madre de Jessica, nada justifica otorgar derechos “humanos” al asesino de su hija, porque pasan por encima de los suyos como víctima indirecta, “ni siquiera tomaron en cuenta los derechos que se infringieron de mi hija y los derechos que nosotros tenemos como víctimas”, me dijo en entrevista.
Personalmente he seguido el caso del feminicidio de Jessica González Villaseñor desde hace meses y he tenido dos encuentros con su madre en momentos clave de su proceso legal en busca de justicia.
Confieso que siempre me resulta sobrecogedor enfrentar la mirada de Verónica, que es un abismo de dolor, como un túnel largo y oscuro, incluso cuando alcanza a sonreír…
“Estoy asqueada” me dijo hace unos días, “sin embargo, sé perfectamente que si no hago nada es como si estuviera de acuerdo con toda esta situación, entonces claro que voy a hacer lo que corresponde”, advirtió.
Y es que esta madre, desde hace 3 años va de juzgado en juzgado, como muerta en vida, tocando puertas lo mismo en el Congreso local, que en medios de comunicación, siempre cargando una gruesa carpeta blanca de información y fotografías de su hija. Reviviendo el horror una y otra vez.
Perseguir la justicia es su motor de vida, desde aquel día en que le avisaron que el cuerpo de Jessica había sido encontrado, pero en tal estado, que sus hijos mayores le impidieron verla, ni siquiera para despedirse de ella, porque la escena “hubiera sido demasiado cruel”, me dijo uno de ellos alguna vez.
Verónica Villaseñor se ha defendido sola y de viva voz. Sola investiga, estudia códigos penales y se ha enfrentado a los jueces como le da a entender su sentido común en las audiencias.
“No tengo fuerzas, no tengo ganas. No tengo dinero, no tengo abogados que pueda pagar”, me confirmó hace unos días.
Hoy sólo puede recurrir a defensores de oficio y a la Comisión Ejecutiva de atención a Víctimas, porque en su condición es lo único que tiene a la mano, “ellos defienden a las víctimas, entonces, pues vamos a ver, porque ahora llega su trabajo”, me dijo evidentemente desmoralizada.
Y es que al entregarse un beneficio a un asesino, el mensaje es demoledor:
Con esta facilidad en México se acorta y sacrifica la justicia completa para una mujer que fue brutalmente asesinada, y claro, muerta ya no puede defenderse.
¿De qué lado queda la justicia entonces?, ¿del de los vivos, por estar vivos? ¿Y las muertas? ¿Y sus familias ?, ¿merecen esta justicia disminuida? ¿Así es la justicia a la michoacana?…
