La imagen fue desgarradora, un anciano llorando desconsolado junto al féretro de su hijo, cubierto por una de las sotanas que usaba. Es Miguel Pérez Santiz, de 74 años, que despidió con ese dolor indescriptible al cuerpo de su hijo asesinado.
Marcelo Pérez Pérez el pasado 20 de octubre fue a oficiar misa en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal, Chiapas, y apenas alcanzó a despedirse de algunos. Le dispararon a quemarropa hasta matarlo. Tenía 51 años.
Su activismo en favor de los pueblos indígenas y sus señalamientos frontales al crimen organizado lo tenían amenazado, como se hizo público en 2021, luego de involucrarse en una disputa entre los grupos armados Los Machetes y Los Herrera, en Pantelhó.
Las medidas cautelares —con las que contaba por parte de la CIDH desde 2015— evidentemente no sirvieron y por desgracia, no fue el único hecho que cimbró a Chiapas y a México entero.
Tres días después de ese asesinato, fue encontrada sin vida Liliana Guadalupe Marroquin Marroquín, de sólo 12 años. La niña salió caminando de su casa a vender dulces en la calle y su cuerpo fue hallado enterrado en el patio de una casa del barrio de Colón.
La colectiva “Madres en resistencia” denunció la actuación tardía de las autoridades locales, luego de la búsqueda desesperada de la menor, emprendida por su familia. El presunto responsable sigue prófugo hasta hoy.
En Chiapas la violencia sólo aumenta y no da tregua. De enero a mayo de este año sumaban ya 400 víctimas de homicidio doloso, siendo el periodo más letal desde el año 2015.
Son datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública que contabilizaron hasta el 30 de septiembre pasado, un total de 1,104 víctimas de homicidio, es decir, 15% más que el mismo periodo en 2023 (957 homicidios).
Fue en septiembre pasado cuando alrededor de 15 mil personas, convocadas precisamente por las diócesis católicas de Tuxtla, Tapachula y San Cristóbal de Las Casas, salieron a marchar para exigir un alto a la violencia.
Pedían ayuda en especial para los grupos indígenas y las miles de familias víctimas de desplazamiento forzado, desapariciones, despojo y asesinatos, como el del padre Marcelo Pérez.
No terminaban aún los rosarios por el eterno descanso del sacerdote chiapaneco, cuando el jueves de la misma semana de su muerte, el estado de Guanajuato amaneció en llamas, en el más literal de los sentidos.
Coches bomba, como ocurría en Colombia en sus peores años de violencia; como un atentado del Medio Oriente; pero fue aquí en Acámbaro y Jerécuaro. Es la realidad que ya nos alcanzó en México.
En la primera localidad la explosión ocurrió justo a las afueras de la Dirección de Seguridad Pública de Acámbaro, dejando a tres de sus elementos lesionados, una de ellas con heridas graves.
El segundo fue en el Centro Histórico de Jerécuaro, donde los ciudadanos despertaron con una estridente detonación que, de acuerdo a nuestra Ley, es un acto terrorista.
Sí, el Artículo 139 del Código Penal Federal califica como Terrorismo un acto violento llevado a cabo, entre otras cosas, con explosivos o armas de fuego y que cause alarma, temor o terror en la población.
Y esos hechos se suman a los ataques en Celaya ocurridos apenas el 1ro de octubre pasado, mismo día en que inició la nueva administración de la Cuarta Transformación. Ese día 7 personas murieron en Celaya en 6 eventos distintos.
La explosión de los coches bomba ocurrió apenas unos días después de que la Secretaría de Gobernación informara del despliegue de brigadas para pacificar el estado de Guanajuato, que hoy arde con más fuerza.
Todo en la misma semana en la que, después de la desaparición del repartidor del periódico El Debate en Sinaloa, Sergio Cárdenas Hernández —por quien hasta la ONU en México se pronunció—, el cuestionado gobernador Rubén Rocha Moya, tuvo que reconocer públicamente que la violencia en su entidad no para, ni tiene para cuándo parar.
Y es que hasta el equipo de futbol Dorados de Sinaloa anunció que jugará fuera del estado los compromisos que le quedan de actual torneo, porque la violencia es tanta que ya amenaza a la afición.
México acaba de vivir la que quizá ha sido la semana más violenta del año, la más amenazante, la que trajo el peor mensaje.
Y vaya ironía, al ser la misma semana en la que la célebre activista y Premio Nobel de la Paz 2014, Malala Yousafzai visitó a la Presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.
Por suerte para ella, desde esas ventanas, nuestras peores llamas no se alcanzan a ver…
