“Brote de salmonela atribuido a cebollas importadas de México”, decían los titulares de los diarios estadounidenses el miércoles pasado, cuando autoridades de salud de aquel país alertaron del brote de salmonelosis que afectó a más de 650 personas en más de 35 estados, donde 129 ciudadanos fueron hospitalizados.
Las autoridades en México, a través del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, iniciaron la investigación del producto proveniente de Chihuahua, para determinar si existe o no una responsabilidad de parte de la producción en México.
La nota vista en portales de la Unión Americana causó escozor en muchos, sobre todo porque prácticamente al mismo tiempo, el Observatorio Nacional Ciudadano publicaba su informe sobre los plaguicidas ilegales en México. Un negocio ilícito que alcanzó un valor de más de 200 millones de dólares en 2020.
Se trata de sustancias que ingresan al país clandestinamente y que ponen en peligro la salud de quienes consumimos los productos que han sido tratados con ellas.
Los “plaguicidas pirata” son aquellos que se transportan en envases originales, que en realidad están rellenados con plaguicidas que son “hechizos”, que contienen ingredientes dañinos y que además son almacenados de forma riesgosa.
De acuerdo al informe publicado en México el martes pasado, las alertas de importación por contaminación química se concentran en los estados con actividad de exportación como Puebla, Baja California, Chihuahua, Sinaloa, Nuevo León y Tamaulipas.
Esto representa un muy duro golpe a la industria agrícola, sumando el problemón de la contaminación en los mantos acuíferos y al medio ambiente en general, lo que provoca que los campos sean menos productivos, justo ahora que es cuando más se les necesita.
Pero además, estamos hablando de un asunto de seguridad pública grave, porque se ha documentado evidencia de control de la delincuencia organizada en comunidades donde se obliga a trabajadores a utilizar dichos productos apócrifos.
El documento desarrollado por el ONC, denuncia amenazas, lavado de dinero, robo, contrabando, delitos contra la propiedad industrial, fraude y falsificación de documentos.
“Es un tipo de ilegalidad que genera una enorme cadena de corrupción, pero finalmente lo más importante es que a ti y a mí nos envenena; envenena a las personas que trabajan en el campo, aquellos que están en situación más vulnerable, como los jornaleros, los migrantes que trabajan la tierra”, me dijo Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano, días antes de publicar el informe.
El nopal, chile jalapeño, cilantro, tuna, chile serrano, papaya y ejote, son los productos que concentran el 54% de las alertas de contaminación química. Se trata de alimentos que consumimos en casa todos los días, y en muchos casos representan el único alimento posible de pagar, considerando que los mismos productos de origen orgánico —que son los únicos que estarían libres de dichas sustancias contaminantes—, llegan a ser hasta 337% más caros, según lo reportó la Procuraduría Federal del Consumidor en 2020.
Por ejemplo, un producto que cuesta 10.42 pesos, puede elevarse hasta 45.50 pesos si es de origen orgánico, haciendo prácticamente imposible su adquisición en una despensa popular, que ante lo denunciado, mantiene entonces a sus consumidores en condición de riesgo sanitario.
“Nosotros hicimos más de 100 solicitudes de transparencia a diferentes instituciones, solicitamos entrevistas con todas ellas y la verdad sólo un par de ellas dieron respuesta… Y no hablamos sólo de la Secretaría del Medio Ambiente, sino de áreas específicas, del tema de salud, de propiedad intelectual, de control aduanero, y la verdad ahí es donde encontramos que casi nadie está haciendo nada”, me dijo Francisco Rivas.
En esta durísima denuncia, el Observatorio Nacional Ciudadano señala que desde el inicio de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, se cayeron los decomisos y aseguramientos, y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) —responsable de combatir este tipo de acciones— ha claudicado en su función y para muestra el siguiente comparativo:
En 2016 se aseguraron 26 mil 108 toneladas de producto; en 2017, 41 mil 880 y en 2018, 3 mil 438. Para 2019 la cifra disminuyó a 298.1 y en 2020 a 108.3 toneladas.
¿Falta de voluntad? ¿Otro agujero en las estrategias de seguridad? ¿Relaciones internacionales comerciales deficientes?… Quizá sea un poco de todo, pero junto genera un diagnóstico peligroso: La salud de los mexicanos presenta una nueva fuga, posiblemente en sus productos alimenticios más básicos…
