La crisis que se vislumbraba en el mundo a mediados de 2020, cuando la pandemia agravó la violencia contra las mujeres, se resume en lo siguiente:
13 millones de matrimonios infantiles.15 millones de nuevos casos de violencia de género. 7 millones de nuevos embarazos no deseados.
En el boletín de Comisión Nacional de Arbitraje Médico, publicado en 2019 por la Organización Mundial de la Salud y la Secretaría de Salud, señala que se registraron en México 397 mil 395 embarazos en mujeres menores de 19 años, de los cuales 11 mil 749 eran niñas de 10 a 14 años.
México ocupa el primer lugar en embarazo adolescente entre los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, con una tasa de fecundidad de 77 nacimientos por cada mil adolescentes de 15 a 19 años de edad.
Lo anterior se acompaña de complicaciones en el parto, que resultan ser la segunda causa de muerte entre las mujeres de ese mismo rango de edad en todo el mundo.
Según el Instituto Nacional de Salud, cada año se practican unos 3 millones de abortos peligrosos en jóvenes en el mundo (de 15 a 19 años); sólo en 2018, la Secretaría de Salud registró 1,080 abortos en niñas de 10 a 14 años y 20 mil 298 en adolescentes de 15 a 19 años. De muertes por un aborto no seguro, se registraron 6 mil 700 solo en 2021.
Por eso es tan importante que prospere el proyecto que quedó pendiente en la agenda legislativa, sobre la Interrupción Legal del Embarazo.
Esta semana tuve la oportunidad de participar en el panel de clausura del Foro Conmemorativo de los 15 años de la Interrupción Legal del Embarazo en la Ciudad de México, organizado por el Gobierno Capitalino, la Secretaría de Salud e IPAS Centroamérica y México.
La presencia de las más importantes voces y organizaciones de la sociedad civil dentro de esta agenda, fue tan notable como la ausencia de funcionarias de gobierno, claves en la conmemoración de esta fecha.
La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, canceló de último momento su participación en la inauguración de los foros, para acudir en su lugar a la inauguración de la réplica de la Capilla Sixtina en el Zócalo. Se cruzaron los horarios de ambos eventos y hubo que elegir.
Quedando claras sus prioridades en una de las fechas más significativas para la agenda feminista de la Ciudad de México, donde esta vez pesaron más las sotanas que los pañuelos verdes…
Sin embargo, las voces más importantes a nivel nacional e internacional del activismo, el arte, la academia y la ciencia, hicieron uso de la palabra durante dos días en esos foros, a favor del aborto seguro, legal y gratuito, con el primer fin de salvaguardar la vida de millones de mujeres y sobre todo niñas.
Desde aquel 24 de abril de 2007, cuando se reformó el Código Penal y la Ley de Salud del entonces Distrito Federal, para despenalizar el aborto durante las primeras 12 semanas de gestación, más de 247 mil 410 mujeres —y personas con capacidad de gestar— han ejercido su derecho a decidir sobre la interrupción de un embarazo.
68.8% de ellas residentes en la Ciudad de México y el resto originarias de otras entidades federativas, donde el aborto se sigue criminalizando, a pesar de que la Ciudad de México marcó una disminución importante en los índices de mortalidad materna, emergencias obstétricas y hospitalizaciones, ya que el 78.8% de los procedimientos se realizaron con el método de medicamentos.
Se ha comprobado que el número de abortos no aumenta con su despenalización, que es mentira que esté siendo utilizado como un método anticonceptivo, o que se haya incentivado su práctica en menores de edad, pues el 94.5% de las mujeres que desde 2007 han accedido a la interrupción legal del embarazo, tenían más de 18 años.
77.5% de las mujeres que ha solicitado el procedimiento, lo ha hecho antes de las 8 semanas de gestación, siendo el servicio mayormente ambulatorio, sin hospitalización necesaria.
Tuvieron que pasar 12 años desde que la Ciudad de México legalizó el aborto seguro, para que otras entidades se atrevieran a empezar a legislar al respecto. Así se fueron sumando Oaxaca en 2019, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Colima en 2021 y Sinaloa este 2022.
Pero todavía faltan todos los demás estados y ahí es donde está el reto legislativo, de conseguir libertad y seguridad para el cuerpo de millones de mujeres mexicanas.
