“El único pecado de Ivonne, era querer soñar ser presidenta municipal de su pueblo, y no entiendes que en ese sueño te lleven la vida”, me dijo entre sollozos Eufrosina Cruz, recordando a su compañera de otras tantas batallas, Ivonne Gallegos, asesinada hace unos días en Oaxaca.
Nació en 1981, en el municipio de Ocotlán de Morelos, en la zona de Valles Centrales, que de acuerdo al estudio Diagnóstico Nacional sobre Violencias en contra de las Mujeres y Niñas Indígenas, es una de las 4 zonas que concentró el mayor índice de homicidios de mujeres indígenas entre 2001 y 2016, periodo en el que mil 399 fueron asesinadas.
Ivonne fue acribillada mientras viajaba en una camioneta, un día después de haber interpuesto una queja por violencia política por razón de género ante la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca.
Llevaba varios días sufriendo diferentes agresiones, sobre todo en redes sociales, hechos que para sus más cercanos tienen un origen muy claro: “porque era la que iba a ganar”.
Y no es la primera vez que la tragedia tocaba a la puerta del hogar que Ivonne formaba con su esposo José Luis Méndez Lara, quien en 2015 —también en marzo— fue asesinado en un ataque armado en la misma localidad.
Hoy la víctima más vulnerable de ambos asesinatos es el niño de 10 años, producto de ese matrimonio y que hoy ha quedado huérfano. Un huérfano más del feminicidio en México.
Para Eufrosina Cruz, luchadora incansable en favor de los derechos políticos y sociales de las mujeres indígenas, el asesinato de Ivonne Gallegos tiene motivaciones enraizadas contra las mujeres que aspiran a representar a su pueblo en Oaxaca.
“¿Por qué?, ¿a quién le estorbas como mujer?, ¿a quién le haces daño como mujer por querer participar en la vida pública de este país?, ¿por querer tomar decisiones?; ¿por querer soñar que sí se pueden cambiar las cosas, el rumbo?” se cuestionaba la ex legisladora, llena frustración ante lo irremediable.
Cuando Eufrosina Cruz estuvo al frente de la Comisión de Asuntos Indígenas en la Cámara de Diputados (2015) logró modificar la Constitución para que el artículo segundo reconociera el derecho de las mujeres indígenas al voto activo y pasivo, medida que incluso fue reconocida, adoptada y replicada por la Organización de las Naciones Unidas.
Hasta el mes pasado, era la titular de la Secretaría de Pueblos Indígenas y Afromexicanos en el Gobierno de Alejandro Murat, al que renunció en cumplimiento de la ley, para poder acompañar a Ivonne y a otras mujeres indígenas que deseaban integrarse a la vida política de Oaxaca.
Pero luego del asesinato de la candidata panista, se está dando un doloroso paso atrás porque el miedo ha capturado a algunas mujeres que hoy consideran la posibilidad de retirarse de las contiendas.
Desde el 7 de septiembre de 2020, cuando inicio del proceso electoral y hasta el 20 de marzo pasado, el Indicador de Violencia Política en México de la consultora Etellekt, registró un total de 238 agresiones contra personas políticas, con un saldo de 218 víctimas de diversos delitos (166 hombres y 52 mujeres), de estos 61 fueron asesinados, de los cuales 18 aspiraban a puestos de elección.
A pesar de que en el estado de Oaxaca hay decretada Alerta de Violencia de Género, de los 106 municipios que no han creado su instancia municipal de la mujer, la mayoría son indígenas.
De acuerdo al Centro de Atención y Ayuda a la Mujer Istmeña de Juchitán, durante 2020 en la región se registraron más de 20 feminicidios, de los cuales menos de la mitad se investigaron como tal.
La muerte de Ivonne Gallegos sí se indaga bajo este delito, según lo informó la Fiscalía del Estado que hoy encabeza el destacado penalista Arturo Peimbert Calvo, quien sustituyó a Santiago Vasconcelos luego de su renuncia al cargo hace tres semanas, dejando entre varios pendientes, el sonado —y muy oscuro— manejo del caso del intento de feminicidio de la saxofonista oaxaqueña María Elena Ríos, atacada con ácido.
El recién nombrado fiscal general de Oaxaca tiene en el caso de Ivonne Gallegos su primer gran reto, además de otros inconclusos que le heredó el fiscal Vasconcelos, de otras muchas oaxaqueñas víctimas de la violencia institucional y política.
¿Podrá el nuevo fiscal Peimbert marcar alguna diferencia, para que el caso de Ivonne Gallegos no quede —como casi todos en Oaxaca— en la impunidad?…
