“Con relación al expediente número 607/2016, que se tramita en esta Tercera Visitaduría General, de la manera más atenta solicito a usted, sirva presentarse en las oficinas de este Organismo Público protector de los derechos humanos”…
Esto le escribió la Comisión de Derechos Humanos del estado de Tabasco a Héctor Muñoz, quien está encerrado desde el 2015 en el penal de Macuspana. ¿Cómo pensarán entonces, que pueda “presentarse”?
Al final, la misma carta señala, “…su negativa de comparecer, sin causa justificada, se tomará como falta de interés en la continuación de su expediente de petición”…
Héctor Muñoz es uno de los protagonistas de la serie documental Duda razonable y quien hace 7 años fue señalado y encarcelado, sin una sola prueba, por el delito de secuestro.
No hubo investigación oportuna ni clara de por medio, Héctor denunció tortura y otras irregularidades cometidas por elementos de la policía, fiscales y juzgadores, que dieron como resultado su condena a 50 años de prisión, sin haber podido demostrar su culpabilidad.
En la plataforma Netflix, este caso fue expuesto a nivel mundial, a través del trabajo dirigido por el abogado Roberto Hernández, quien detalla el horror que han vivido Gonzalo, Darwin, Juan Luis y el mismo Héctor, desde 2016, cuando fueron acusados de un delito que nadie ha podido probar que hayan cometido.
Esta semana el documentalista expuso la carta de respuesta que envió —7 años después de haber recibido la queja— la Comisión de Derechos Humanos de Tabasco a Héctor, en la que le piden comparecer “en los próximos 3 días hábiles” en las oficinas del organismo.
Institucionalmente, la CDH estatal sabía que Héctor está encarcelado, porque hace apenas unos meses, coincidiendo con el estreno de la docuserie, lo visitaron en el penal de Macuspana donde se encuentra recluido.
“Las verdaderas víctimas son quienes están en la cárcel, quienes fueron torturados, quienes fueron acusados falsamente. La Comisión tiene un poder muy claro de emitir una recomendación, investigar el hecho y explicarnos ¿qué es lo que pasó?”, me dijo Roberto Hernández en entrevista.
Pero al parecer, el organismo estatal no sólo rehúye su misión, sino que brinda respuestas absurdas, como ésa, que vuelven a victimizar a un ciudadano que denunció tortura hace 7 años...
Lo peor ocurrió ayer cuando la CEDH concluyó “ACUERDO DE ARCHIVO por no acreditarse violaciones a derechos humanos”, sin importar que estén claramente expuestas en un trabajo documental a la vista de todo el mundo.
Con este caso, la Comisión de Tabasco ya mostró su peor cara, porque perdió otra oportunidad de jugar el papel que le corresponde, y más en favor de su legitimidad.
¿Será que el presidente de la Comisión Estatal, José Antonio Morales Notario, desconoce las determinaciones que sus visitadores envían a las víctimas?
¿Será posible que no esté enterado de este caso en particular, aunque ya le haya dado la vuelta al planeta a través de las pantallas de televisión?
La Comisión Nacional de Derechos Humanos puede ejercer su facultad de atracción para que se emita una recomendación, se reconozca el delito de tortura, o al menos se investigue a los presuntos responsables de la misma.
Y es que Roberto Hernández asegura que, 5 años de investigación para la realización de su documental, arrojaron que en Tabasco el 79% de los acusados de algún delito son torturados.
Si están acusados de secuestro, el número se eleva al 97.5% y esto sería apenas la punta del iceberg, en la violación de derechos humanos y fabricación de culpables en las cárceles.
Desde septiembre de 2020, Héctor Muñoz, Gonzalo García y Juan Luis López están en espera de la resolución de un amparo promovido a su favor en Villahermosa, para que con base en los hechos documentaos y las evidencias que confirman las irregularidades en sus detenciones y procesos, se ordene su inmediata liberación.
Ante las evidentes omisiones por parte de las autoridades estatales, el 15 de febrero pasado la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso y fue el propio ministro presidente Arturo Zaldívar, quien propuso esta atracción, que luego fue aprobada por el Pleno.
“En esta Corte es donde ahora están depositadas nuestras esperanzas”, me dijo Roberto Hernández, porque pareciera que en Tabasco, los encargados de proteger los Derechos Humanos, son los mismos que los violan.
El estado de Tabasco enfrenta desde hace años una crisis en derechos humanos, denunciada una y mil veces, pero nada cambia…
Y no olvidemos que un estado que no puede garantizar los derechos humanos de sus ciudadanos, no es democrático y un estado que no es democrático, podrá ser legal, pero no es legítimo…
