Desde que Macron anunció medidas que en la práctica hacen la vacunación obligatoria en Francia, se ha desatado un debate sobre si es ético violentar la autonomía y la libertad individual en aras de la vacunación universal. Que se exija el certificado de vacunación en los trabajos y este mismo documento o una prueba PCR para asistir a bares, restaurantes y centros de entretenimiento es una medida polémica que busca obligar a la gente a vacunarse. Estas mismas medidas han sido aplaudidas por otros países europeos como Italia, que teme a los millones de turistas que recibe al año.
Estas medidas surgen de la necesidad de lograr el 70% de la vacunación de la población para lograr la llamada inmunidad de rebaño. Esta meta no se ha alcanzado y parece que no se logrará en países como EU, con un fuerte movimiento antivacunas. Sin embargo, la temida variante Delta exige más de ese 70% para ser controlada, por lo que aún en países como España, en donde la vacunación fue aceptada con agrado, se ve complicado llegar a más del 90% de la población inmunizada.
Las medidas han desatado en pánico entre las comunidades antivacunas y de aquellos que están en contra de ser obligados. Los grupos conspiracionistas han encontrado la confirmación a sus temores al ver cómo los gobiernos pretenden obligar a una vacunación universal. Como era de esperarse, las protestas han ido en aumento y se han hecho más intensas. La OMS se decanta por la persuasión, pero insiste en la necesidad de lograr las metas de vacunación antes de que el virus mute y haga las vacunas actuales obsoletas. Es una carrera contra el tiempo.
¿Tienen derecho los Estados a imponer este tipo de medidas? Sin duda la libertad individual y la autonomía son derechos incuestionables que sólo pueden ser limitados en caso de presentarse una situación en donde claramente se compense esta pérdida con el bien común generado. Así pasó cuando se hizo obligatorio el uso del cinturón de seguridad para automóviles o el casco para motocicletas, la diferencia es que ahora se trata del miedo que en sí mismo causa el inyectarse un biológico que no se percibe del todo seguro al estar en fase experimental.
La ciencia apoya la seguridad de las vacunas. La estadística nos indica que previenen muertes. La experiencia nos dice que los virus mutan si no son controlados a tiempo. Éstos parecen argumentos suficientes para que los gobiernos busquen la vacunación de su población. Sin embargo, la imposición de medidas como las propuestas por Macron son gasolina pura para los antivacunas. Macron está dispuesto a pagar el costo político de su decisión, si otros mandatarios no lo acompañan su esfuerzo será en vano. En este tema, o vamos juntos o el virus nos ganará la batalla.
*Esta columna expresa el punto de vista de su autor, no necesariamente de La Razón.
