El fuego del Metro y del Covid-19 consume la capacidad del gobierno para resolver con eficacia los problemas públicos; la movilidad y la salud están bajo asedio. La lista de asuntos que requieren atención y solución urgente se incrementa y se profundiza su gravedad. En los últimos días el sector restaurantero ha iniciado una campaña denominada #Abriromorir. El gremio está en terapia intensiva.
El sector ha informado que la pandemia ha ocasionado el cierre de 13 mil 500 restaurantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y que la prolongación del semáforo rojo provocará que 122 mil vuelvan a cerrar, la pérdida de 450 mil empleos y la posibilidad de no ingresar 100 mil millones de pesos anuales en la cadena de producción.
El confinamiento y cierre de establecimientos mercantiles no extinguió sus gastos fijos; por ejemplo, un restaurante debe seguir pagando renta del local, seguro de responsabilidad civil, suministro de energía eléctrica, agua, (estos dos últimos se cobraron al 100 por ciento durante los meses que no estuvieron abiertos), seguro social, salarios, mantenimientos de instalaciones, contadores, pago de comisiones a bancos por uso de terminales y cuentas Pymes, pago del programa interno de Protección Civil. Además, sume el costo de implementar las medidas de salubridad requeridas.
La actividad restaurantera debe ser considerada actividad esencial, al igual que la construcción y otras actividades, ¿por qué se le ha dado un trato diferenciado? ¿Por qué hay colonias enteras en las cuales los negocios permanecen abiertos sin controles sanitarios? ¿Por qué las exigencias al sector son mayores que al informal? Existe una violación continua de derechos al sector, con una aplicación desigual de criterios para la apertura. Ojalá los tribunales los garanticen y protejan con sentencias y no operen como Ministerio de Justicia de quien detenta el poder político.
El gobierno ha reconocido que el mayor riesgo de contagio está en fiestas privadas y el comercio en el espacio público. No hay razón para cerrar espacios donde existe un mejor control sanitario.
El gobierno debe instrumentar un paquete de medidas de apoyo que incluyan el Impuesto sobre la Renta, Ingreso Básico Universal o Ingreso Mínimo Vital, apoyos directos a los salarios de los trabajadores, condonación de pagos en servicios públicos, ayudas con el alquiler de los inmuebles, entre otros. La ZMVM es motor del país y los restauranteros una actividad económica esencial.
Además, el gobierno incumple la Observación General 18, Sobre el Derecho al Trabajo del Pacto internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que establece la obligación del Estado de tomar medidas legislativas, presupuestales, administrativas, judiciales y de otro tipo, para proteger dicho derecho.
Restauranteros han convocado a abrir sus establecimientos este lunes 11 porque cumplen con los estándares sanitarios para operar acotadamente y porque permanecer cerrados implica una quiebra que puede evitarse. Apoyarlos es respaldar a miles de familias que dependen de meseros, cocineros, proveedores, y emprendedores.
