La diputación migrante

El Covid-19 y las protestas contra el abuso policial han acaparado nuestra atención. Sin embargo, a la par de esas dos noticias existen otras que van moldeando a la ciudad, y una de ellas es la decisión de la Sala Regional Ciudad de México, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, de ordenar al Instituto Electoral de la CDMX (IECM) hacer posible la previsión de la diputación migrante para el próximo periodo proceso electoral 2020-2021.

La sentencia emitida el 2 de junio por la Sala Regional determinó que fueron inconstitucionales las modificaciones a diversos artículos del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México que derogan la figura de la diputación migrante; por lo que le enmienda la plana al Congreso local y le ordena al IECM que reactive el procedimiento para hacer posible la diputación mencionada.

Esta decisión impacta en quienes —no en cuantos— integran la representación legislativa —uno de los tres poderes públicos de la ciudad—. Por tanto, además de cuidarse su integración paritaria, la incorporación de jóvenes e indígenas, debe ahora contemplarse la incorporación de una diputación migrante.

La Constitución citadina contempla la figura de la diputación migrante, lo que originó su incorporación al Código de Instituciones y Procedimientos Electorales, pero después el Congreso local echó para atrás la figura. Sí, primero que sí y luego que siempre no. Esto ocasionó que el bravo pueblo, vía distintas organizaciones ciudadanas, combatiera jurídicamente la decisión legislativa, argumentando que se violaba el principio de progresividad, el cual implica que el disfrute de los derechos siempre debe mejorarse y no regresar a etapas previas. En materia de derechos humanos, se puede aplicar pues, el refrán campirano de lo caido, caido; y y le puedes poner más.

La sentencia señala que la reforma eliminatoria de la diputación migrante violó derechos político-electorales de ciudadanos mexicanos originarios de la Ciudad de México residentes en el extranjero, a quienes sólo les iba a permitir el derecho de votar y ser votados en lo local hasta el 2024, en la elección de la Jefatura de Gobierno.

Es importante destacar que la ciudad integra la lista de las 10 entidades federativas con el mayor número absoluto de migrantes en el exterior. Y junto con Quintana Roo son las que más personas envían a países distintos a Estados Unidos.

El IECM había creado un Comité Especializado que trazó una ruta específica para implementar la figura de la diputación migrante, camino que satisfizo distintas etapas, sus trabajos se suspendieron, mismos que con el fallo judicial deberán reanudarse.

Antes de la cancelación de la diputación migrante, el IECM discutía diversos escenarios para concretar la figura. Al parecer la postura más aceptada era que los partidos políticos inscribieran una fórmula en la denominada lista “A” de representación proporcional, y que quien obtuviera la mayoría de la votación total emitida en el extranjero, la ganara.