Si una persona incumple sus obligaciones fiscales con la administración pública, inmediatamente sufre las consecuencias.
Sin embargo, el estricto recaudador de los ingresos públicos es omiso y regatea el gasto que le corresponde a quien no integra el poder Ejecutivo local. Los demás poderes y órganos constitucionales autónomos de la ciudad deberían inconformarse de las reducciones u omisiones presupuestales injustificadas.
Lamentablemente, los entes públicos que impugnan reducciones presupuestales dictadas por el Ejecutivo son pocos; el miedo o la indebida adhesión acrítica ahoga la independencia que les confiere el ordenamiento jurídico y que siempre deberían ejercer y defender.
El poder Ejecutivo local (sector centralizado, paraestatal y alcaldías) ejerce más del 90% del gasto público local.
En el año 2020, el gasto autorizado para el sector público de la CDMX fue de 238, 975, 793, 216 (miles de millones de pesos); de los cuales 250, 949, 214 (mdp) se destinaron para el Tribunal Electoral de la CDMX (TECDMX); como se advierte, sólo el 0.1% se asignó a ese órgano jurisdiccional especializado en material electoral y procesos democráticos. Es evidente que el costo por la operación de esa autoridad electoral es bajo, comparado con el gasto público total y la importante función de resolver conflictos políticos por la vía judicial.
Los tribunales electorales cumplen una función importante que es reafirmar la calidad de nuestra democracia. Al impartir justicia garantizan derechos y la vida político-electoral en la federación y las entidades federativas.
Las autoridades electorales (administrativas y jurisdiccionales) sufren constantes regateos del dinero público que les asigna el Legislativo. Las causas, pretextos o justificaciones son variadas y depende del año de la reducción, pero siempre es el Ejecutivo quien encabeza la embestida. Históricamente son más recurrentes y graves las tensiones en las entidades federativas entre gobernadores y esas autoridades; aunque actualmente existe una pulsión inédita entre el INE y la Presidencia de la República.
En la ciudad, un capítulo más de la fricción está desarrollándose.
El Tribunal Electoral Federal ordenó a la Jefatura de Gobierno y a la Secretaría de Finanzas, entregar 7 millones 768 mil 53 pesos con 67 centavos, que omitieron cubrirle al TECDMX, correspondientes a los meses de julio, agosto, noviembre y diciembre de 2020. A la fecha no ha entregado la cantidad.
La orden fue por el incumplimiento gubernamental a una sentencia previa.
La secretaría no entregó un gasto asignado a una institución que no representa ni el 1% de lo que ejerce la administración pública y con un proceso electoral iniciado en septiembre. El gobierno con esa acción torpedea la función electoral jurisdiccional.
Anímese a incumplir con un requerimiento de la Secretaría de Finanzas, a ver cómo le va; ah, pero si usted u otra autoridad le reclama un incumplimiento es posible que le valga una pura y dos con sal. En los hechos, la contención constitucional del poder por otro no existe; sólo los chicharrones del ejecutivo truenan.
