El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) ordenó que los funcionarios de los tres órdenes de Gobierno en el ámbito geográfico de la ciudad deberían abstenerse de empadronar, afiliar o incorporar gente a programas sociales que implicaran transferencias directas de recursos públicos, a partir del inicio de la precampaña y hasta la conclusión de la jornada electoral. Obvio, el lucrador por excelencia de los programas sociales, Morena, impugnó la instrucción.
Hace un mes, el IECM aprobó las Medidas de Neutralidad que deberán observar los servidores públicos y las Medidas de Protección para quienes asistan a eventos públicos durante el proceso electoral local.
La exigencia a las autoridades públicas, de neutralidad e imparcialidad para no afectar la equidad en época de elecciones es clave para la salud de nuestra democracia. Las autoridades administrativas electorales, la nacional y la de las entidades federativas han aprobado acuerdos para garantizarla.
Sin embargo, llama la atención que ese tipo de resoluciones sean impugnadas en el ámbito nacional por la Presidencia de la República y en la ciudad por su partido.
Morena objetó jurídicamente las medidas. El partido que no exige una debida fundamentación y motivación de los avisos semanales sobre el color del semáforo epidemiológico que publica la administración pública local señaló que el acuerdo del IECM carecía de fundamentación y motivación, que vulneraba los principios de progresividad, interdependencia y universalidad, que se excedió en su facultad reglamentaria y que implicaba una invasión a las competencias del eximio legislativo.
El Tribunal Electoral local resolvió que estaban debidamente fundadas las medidas, pero el IECM se excedía en sus facultades porque limitaba injustificadamente el derecho de los capitalinos a recibir los beneficios de los programas sociales implementados por el Gobierno de la ciudad.
El Tribunal Electoral federal ya ha resuelto, para mal, que la implementación y ejecución de programas sociales no están prohibidos en los procesos electorales, sólo su difusión y entrega en actos masivos y que ampliar beneficiarios en sí misma no es una irregularidad. Por cierto, el partido que se quejó en 2018 en Coyoacán y provocó esa sentencia fue Morena.
Los tribunales han resuelto conforme a una interpretación de los hechos y del derecho; sus sentencias mutan de sentido conforme avanza el tiempo y a veces cambian de criterio con la renovación del poder político.
Morena, cuando es oposición, cualquier acto del poder público anticipa una elección de Estado; cuando ejerce el Ejecutivo es defensor a ultranza del activismo gubernamental durante todo el proceso electoral.
Los líderes de Morena, los mismos que cuando gobernaron AMLO y Ebrard fueron maestros de la ayuda gubernamental transformada en voto, del beneficiario trabajado como elector cautivo.
Ahora la pandemia les vendrá como anillo al dedo, no deben hacer actos masivos, pero por la capacidad instalada del Gobierno, les permitirá hacerlo elector por elector, perdón, beneficiario por beneficiario. Ya el Tribunal les dio autorización.
