Tentativa de censura

Eleazar Rubio Aldarán, diputado al Congreso de la ciudad por Morena, presentó una iniciativa para reincorporar el delito de difamación al Código Penal y, en consecuencia, abrogar (abolir) la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la propia Imagen en el Distrito Federal, (LRC).

El diputado realiza una extensa exposición de motivos, plagada de citas; en la que ubica a las campañas de desinformación como noticias falsas (fake news), producto del fenómeno de la posverdad, que debe ser inhibido por el ordenamiento jurídico; y como innovadora solución propone revivir el delito de difamación, uno de los añejos y proscritos delitos contra el honor, otros son la injuria y la calumnia.

Asimismo, manifiesta que el periodista debe “investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz”. Además pide: “deben ser cautelosos con lo que informan para que no favorezcan al imputado (¿Y la presunción de inocencia?) y sirva para enterrase (sic) que ya están cerca de él y con ello se sustraiga de la acción de la justicia”. (Por favor, contenga la carcajada).

Y para rematar, expone: “...el delito por difamación o calumnias fue derogado en el año 2006, para evitar que se utilizara de forma desproporcionada contra los informadores y de esta manera tuvieran una mayor libertad los medios de comunicación, sin represalias delictivas, ya que muchas veces se utilizaban como una forma de reprimir a los periodistas incómodos bajo ese argumento”. El diputado reconoce, pues, la razón de la derogación. A confesión de parte, relevo de pruebas.

La iniciativa es una auténtica tentativa de violación a las libertades de expresión e información. No resuelve el problema de las campañas de desinformación, la exposición de motivos no justifica el texto normativo propuesto, y pretende revivir un tipo penal que propicia la censura informativa. Lo inaudito es que esto último se reconoce en el propio texto.

El diputado desconoce (¿u olvida?) que la LRC, propició que la ciudad fuera reconocida internacionalmente como una entidad con mejores protecciones jurídicas al trabajo periodístico. Esa ley publicada en el año 2006 fue iniciativa de Carlos Reyes Gámiz (PRD), entonces presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa, respaldada por todos los grupos parlamentarios, por el Jefe de Gobierno en funciones, Alejandro Encinas, y por el jefe del Jefe. Un consenso poco común en esa polarizada época.

Los delitos contra el honor fueron derogados al expedirse la LRC y en el 2007 en la Federación. La conducta reprochada penalmente ahora es un ilícito civil.

El diputado recomienda cautela a los periodistas y, prácticamente, convertir sus artículos en boletines de prensa gubernamentales. Eso es inaceptable ética, jurídica y políticamente. Morena debe oponerse rotunda y categóricamente a esa iniciativa, si es que su compromiso con las libertades públicas es genuino.