¿Recordará el Presidente su frase “cállate chachalaca”, dirigida al presidente Fox en el marco de las elecciones de 2006? En ese entonces el candidato opositor consideraba que el titular del Ejecutivo no debía inmiscuirse en los procesos electorales.
Afortunadamente, el tiempo le dio la razón, y como parte de una negociación con su partido se reformó la Constitución en 2007 para establecer como obligación a las personas al servicio público conducirse con respeto a los principios de equidad e imparcialidad.
El objetivo de esta reforma era, según la exposición de motivos, impedir que actores ajenos al proceso incidieran en las campañas electorales, así como impedir el uso del poder público a favor o en contra de cualquier partido político o candidatura.
En un giro de 180 grados, el Presidente viola reiteradamente su obligación de imparcialidad. Los reclamos de ayer ahora toman forma de “ejercicio” de libertad de expresión, como si se tratara de un ciudadano común. El sofisma es meridiano. Él viola la Constitución y la ley. Esto naturalmente detona quejas y sanciones por parte de la autoridad. Así, acumula sentencias en su contra por incidir a favor de su partido y candidata. Esto, en sus ojos, demuestra que la autoridad judicial hurga un complot en su contra para anular la elección.
Las líneas de lo que puede decir y no decir el Presidente se han refinado a lo largo de los años y ahora son meridianas. Tanto el INE como el TEPJF han resuelto centenas de quejas relacionadas con la actuación de funcionarios públicos durante procesos electorales, brindando claridad a los límites legales.
Como el funcionario más relevante en el ámbito de la administración pública federal, el Presidente tiene un especial deber de cuidado, dada la relevancia de sus funciones, para salvaguardar la imparcialidad y la equidad en su actuación. No se trata de impedir cualquier expresión del Presidente. Por ello, la autoridad debe únicamente estudiar aquellos actos que puedan tener un impacto real o poner en riesgo los principios señalados, ponderando el nivel de riesgo o afectación que se pueda generar.
El Presidente goza así del derecho de libertad de expresión y de réplica, en la medida en que no interfiera sustancialmente con el ejercicio de los derechos de los demás. Precisamente por ello, como lo ha señalado la autoridad, debe abstenerse bajo cualquier modalidad o formato, de realizar manifestaciones, emitir comentarios, opiniones, o señalamientos sobre temas electorales, ya sea de forma positiva o negativa cuidando que su actuar se encuentre ajustado a los principios de imparcialidad y neutralidad. Así de claro.
El Presidente ha señalado que su deber es “garantizar que el país se desenvuelva en un ambiente de justicia, de legalidad, de democracia”. En congruencia, debe tener claro la consecuencia de su actuar que podría ser determinante en una eventual anulación de la elección. En lugar de replicar los señalamientos del supuesto complot, la candidata oficialista debería procurar que su líder no atente contra su eventual triunfo.
