Concluyó. Luego de la sesión de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación celebrada ayer, se dio por terminado el proceso electoral federal 2023-2024. La decisión en torno a confirmar la enorme sobrerrepresentación a la coalición gobernante deja un mal sabor de boca.
A diferencia de la votación mayoritaria del Consejo General del INE, escudada en una supuesta carencia de atribuciones interpretativas, la mayoría de las magistraturas decidió renunciar a actuar como verdadero tribunal constitucional y, en cambio, deja serias dudas sobre el futuro de nuestra democracia. El saldo final pinta un régimen monocolor que contrasta con la pluralidad policromática que existe en el país.
No obstante, queda para la memoria electoral la sólida posición de la minoría en el Consejo General (Zavala, Faz, Ravel y Rivera), así como en la Sala Superior (Otálora). Más pronto que tarde las actuales mayorías acudirán a estos argumentos cuando —como es inevitable en un sistema democrático— se vean afectadas por el sistema que hoy defienden.
El proceso que fenece nos deja múltiples lecciones. Apunto algunas. Se comprobó una vez más que México cuenta con un sólido sistema electoral que permite organizar comicios con un alto grado de integridad. El cuerpo profesional del INE, de los OPLE, así como de los tribunales locales y federal, cuenta con un alto grado de profesionalización, experiencia y compromiso democrático. A pesar de la ausencia de titulares, en buena parte de la estructura ejecutiva del INE, los resultados son halagadores. Casillas instaladas, funcionarios insaculados y capacitados, un padrón confiable, candidaturas registradas en tiempo y forma, acceso de los partidos y las candidaturas a sus prerrogativas, y un largo etcétera, son prueba de uno de los grandes baluartes institucionales del país.
No obstante, fue evidente la renuncia de los órganos de decisión de las autoridades administrativas y jurisdiccionales para afrontar los complejos retos presentes durante el proceso electoral, asegurando el apego de los actores a los principios básicos de la materia electoral. La falta de lealtad democrática del Gobierno y su partido rebasó la capacidad de arbitraje institucional. En sede jurisdiccional se sumó la gravísima omisión del Senado de la República para cumplir con su obligación constitucional de integrar adecuadamente los tribunales federal y locales. Nos encontramos, desgraciadamente, frente a la comprobación de que nuestro sistema electoral no fue capaz de contener las reiteradas violaciones que, en menor o mayor medida, deterioraron la equidad en la contienda.
En los viejos tiempos de la democratización mexicana, éstos y muchos otros elementos serían materia de análisis y estudio que daría lugar a una nueva generación de reformas en materia electoral, para perfeccionar el sistema. Desgraciadamente, la nueva composición del Legislativo, junto con las iniciativas y declaraciones de la mayoría, auguran un futuro desolador.
