Conforme se acerca la jornada electoral se el entorno político-electoral se deteriora mediante hechos que parecerían estar destinados a poner al límite la capacidad de las autoridades electorales para llevar a puerto el proceso electoral en curso. En primer lugar, la violencia continúa cobrando la vida y presionando la renuncia de candidaturas a lo largo y ancho del país. En 2024 se ha aumentado el total de agresiones relacionadas con la política, incluyendo el número de homicidios y amenazas.
En segundo lugar, resulta muy preocupante el grado de confrontación y violencia en contra de las y los consejeros electorales en los ámbitos federal y local. Por ejemplo, consejerías del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) han sido objeto de amenazas, inclusive de muerte, luego de los reclamos de Morena y su coalición respecto a medidas cautelares tomadas en el seno de la Comisión de Quejas. En las sesiones del Consejo General del INE el tono de la discusión ha pasado de la rispidez aceptable a descalificaciones personales, violencia verbal e incluso amenazas en contra de consejeras electorales. Por otra parte, en Oaxaca se inició una persecución política en contra de la presidenta del IEEPCO que derivó en su inhabilitación, misma que, afortunadamente, fue revocada ayer por el TEPJF.
Por último, el presidente López Obrador no solo no ha cesado en la violación a la legislación electoral de forma continua y reiterada. Desde el pasado viernes ha utilizado la tribuna de su conferencia de prensa matutina para una venganza personal en contra María Amparo Casar, quien ha publicado un libro recientemente haciendo una crítica a su administración. Para ello, ha desplegado el poder del Ejecutivo exhibiendo documentos con datos personales de Casar y su familia. Con eso suma una vuelta de tuerca a su intromisión indebida en el proceso electoral. El mensaje del titular del Ejecutivo es claro en cuanto a que el no respetará la ley tratándose de ir en contra de sus adversarios. Los regímenes democráticos suelen otorgar inmunidades a los altos gobernantes para no ser sujetos a procedimientos de responsabilidad penales o civiles a fin de evitar que se vean envueltos en investigaciones y juicios políticamente motivados. No obstante, esos privilegios e inmunidades conllevan un compromiso ético de quien encabeza el gobierno de actuar conforme a la ley y “guardar y hacer guardar” las normas vigentes. Cuando este juramento no se respeta estamos frente al inicio de un gobierno autoritario.
No es demasiado tarde para pensar en un pacto nacional de las fuerzas interesadas en poder concluir con el proceso electoral de forma adecuada.
