Si usted se ha enterado de las noticias sobre la reforma judicial en los últimos días, podrá darse cuenta de la ausencia de los partidos de oposición en la conversación. Recordará la intervención de la Presidenta haciendo críticas al Poder Judicial y sus integrantes, a los miembros del Poder Judicial defendiendo sus posiciones y a estudiosos (y no) del tema opinando. Y los partidos de oposición, bien gracias.
Uno de los saldos de la elección de junio que hace falta analizar con detenimiento, es la transformación del régimen de partidos políticos en México. A raíz de la confirmación de la sobrerrepresentación del Gobierno y de la cooptación de cuatro de sus senadores, el papel de la oposición en el legislativo es testimonial. Pero lejos de buscar otro frente de batalla, las dirigencias de los partidos opositores han estado más interesadas en sus contiendas palaciegas que en encabezar el descontento de las decenas de millones de personas que votaron por ellos o se abstuvieron.
Después de la aprobación de la reforma constitucional en materia de justicia en donde hubo una rica participación de sus legisladores, los partidos políticos fueron incapaces de encontrar otros medios de oposición y dejaron su tarea a miembros del poder judicial —no en su calidad de operadores del sistema de justicia sino como ciudadanos— y de la sociedad civil. Las y los jueces, magistrados y ministros han tenido que salir al paso frente a la andanada política del Gobierno, haciendo política. Ahí están, por ejemplo, las contramañaneras que buscan nivelar el terreno frente a las declaraciones diarias de la Presidenta y sus colaboradores, las distintas pláticas en las que han participado ministras y ministros y el tejido de una red de apoyo por parte de la sociedad civil.
Esta lucha recuerda a la del INE frente al plan B y C del anterior Gobierno, que buscaba desmembrar a la autoridad electoral para convertirla en un astro más en la órbita de la Presidencia. En ese caso, la autoridad electoral y un amplio grupo de aliados de la sociedad civil también estuvieron por encima de los partidos políticos, quienes no fueron capaces de cumplir su función básica de contrapeso político frente a la andanada gubernamental. En este caso, paradójicamente, fue la propia Suprema Corte quien puso un alto a la mayoría oficialista sin que quede clara la posibilidad de la propia Corte para detener su extinción.
Parecería que los actuales partidos políticos de oposición no son funcionales en el nuevo estadio político del país. De ahí que, por lo pronto, los distintos actores sociales ajenos al Gobierno deberán actuar bajo esa realidad asumiéndose como la única oposición que pueda contener el talante autocrático del actual régimen.
