Una vez resuelta la elección presidencial, la atención se ha centrado en la integración de la Cámara de Diputados. Con 5 puntos menos que en la presidencial, la coalición gobernante obtuvo 55 por ciento de los votos que, conforme se ha perfilado, se traduciría en más de 66 por ciento de las curules en la Cámara baja.
Con ello, contaría con una mayoría calificada que permitiría, en solitario y sin necesitar el consenso de otras fuerzas, aprobar reformas constitucionales, designar a miembros del Consejo General del INE o al titular de la Auditoría Superior de la Federación, entre otros. Resulta paradójico que se cuente con un amplio poder que no fue, aparentemente, otorgado en las urnas.
Nuestro país ha evolucionado de un sistema mayoritario puro, en donde el partido que obtenía más votos en cada distrito ganaba todo y los demás no eran representados a un sistema mixto, en donde se tiene una mayoría de 300 curules electas por mayoría y un número menor de escaños (200) de representación proporcional, que buscan moderar las distorsiones inevitables del sistema mayoritario.
El modelo fue evolucionando para reconocer la creciente pluralidad en el país a partir de finales de la década de los 70, ampliando de 100 a 200 diputaciones de representación proporcional, eliminando las llamadas “cláusulas de gobernabilidad” que otorgaban mayorías automáticas a la primera minoría y, finalmente, estableciendo límites a la sobrerrepresentación, a fin de evitar graves desviaciones (mayores a 8%) entre votos obtenidos y porcentaje de diputaciones.
No obstante, se han generado distorsiones que han permitido alterar el propósito de que la representación en el Poder Legislativo refleje de forma, más o menos fiel, la pluralidad de visiones que existen en la sociedad. Los partidos políticos han logrado ir más allá de la ley mediante esquemas de simulación sobre el origen partidista y la figura de coaliciones parciales, que hacen prácticamente imposible al ciudadano tomar una decisión informada frente a la boleta, entre otros.
En el caso de la Cámara de Diputados, la coalición gobernante podría tener un 14.58% de sobrerrepresentación agregando la de Morena, PT y PVEM. Es decir, el componente de representación proporcional no serviría para moderar la distorsión de los triunfos de mayoría.
Otro ejemplo es el de la asignación de representación proporcional realizada por el IECM para el congreso local. En una inexplicable decisión, la mayoría de los consejeros (salvo la honrosa excepción de las consejeras Del Ángel y Estrada) decidieron modificar la voluntad de los electores expresada en las urnas. El convenio aprobado por el mismo órgano, previo a la jornada, fue modificado ex post para favorecer a Morena con 6 diputaciones por encima de su tope de sobrerrepresentación. En este caso parecería evidente que los tribunales corregirán la plana para respetar la voluntad popular.
La sociedad mexicana es plural. Así lo demostraron los electores. Por ello es indispensable que las voces de sus representantes se escuchen y sean analizadas. El intercambio franco entre mayorías y minorías es garantía de que la ciudadanía se vea reflejada en su Congreso. La sobrerrepresentación distorsiona el mensaje del electorado y genera incentivos negativos para la deliberación democrática.
