La realidad termina imponiéndose. El primer piso de la Cuarta Transformación culminó su sexenio con resultados contradictorios. Por una parte, es innegable el buen resultado que obtuvieron en materia laboral con el incremento en el salario mínimo que terminó reflejándose en un incremento en el consumo y finalmente en crecimiento.
No obstante, sin hablar ahora del déficit público y los efectos en inflación y generación de empleos formales de estas políticas, una de las grandes deudas del sexenio de AMLO tiene que ver con el tema de la seguridad.
México ha sido históricamente un país violento, sumergido desde hace más de dos décadas en una profunda crisis de violencia e inseguridad, producto del poder que ha obtenido el crimen organizado y especialmente los cárteles del narcotráfico. Ni los gobiernos de Fox, Calderón, Peña, ni AMLO, han podido controlar la crisis que ha lastimado a cientos de miles, sino es que a millones de personas.
La violencia también tiene efectos en el riesgo país, en la garantía de inversiones y en los costos que deben asumir las personas y las empresas, para garantizar su seguridad en su tránsito diario y en el tránsito de mercancías. Un país con inseguridad desbordada no representa un lugar idóneo para el desarrollo, por lo que es una materia que es urgente resolver.
Llevamos cerca de 18 años con una estrategia que ha incorporado a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Desde el gobierno de AMLO y ahora con el gobierno de Claudia Sheinbaum se está formando un nuevo cuerpo policiaco, la Guardia Nacional, con formación militar que aspira a convertirse en un cuerpo que garantice la seguridad pública en el país, para limitar el uso del Ejército y la Marina exclusivamente a temas de seguridad y defensa nacional.
Muy pronto, en la administración de Sheinbaum, se mostró el enorme reto en materia de seguridad que enfrentará su gobierno. Sumado a la delicada situación en Culiacán y Sinaloa, el asesinato del alcalde de Chilpancingo muestra de cuerpo entero la violencia que tiene subsumida al país, y que ha sido de alguna forma relegada del discurso de la 4T y del humanismo mexicano.
La violencia que azota al país se resuelve, sí, con atención a las causas, pero requiere de acciones inmediatas y efectivas. La violencia afecta a los más vulnerables y desaventajados. Amplifica la desigualdad y limita, sino es que impide totalmente, el acceso a derechos, ingresos, salud y educación.
Toda política de izquierda que considere generar un piso parejo y más justo para las y los mexicanos, debe pasar por la reflexión de que los efectos de esa política están siendo mitigados y restringidos por la inseguridad y la violencia. Por lo tanto, así como se defiende la lucha contra la corrupción, el nuevo Gobierno debe tener una estrategia o, por lo menos, la claridad de saber cómo se barre la violencia de la vida pública de México.
