Choque de Régimen

La próxima legislatura ya está quemando llanta. Estamos en julio y se está calentando lo que parece será un septiembre de mucho trabajo para el Congreso y los medios de comunicación. Como hemos venido siguiendo en estos espacios, la Reforma al Poder Judicial ha ocupado los reflectores, ha ocasionado nerviosismo y ansiedades. Desde junio se han venido llevando a cabo una serie de foros para discutir la Reforma Judicial que ha contado con la presencia de los Ministros de la Corte, con legisladores de todos los partidos, académicos, jueces y abogados.

Por el alcance de la reforma, este momento es histórico. Por una parte, se trata de una transformación del Poder Judicial, el cual ha sido duramente criticado por su lejanía con los otros poderes (Legislativo y Ejecutivo), con el “pueblo” y básicamente con el movimiento transformador, populista, de izquierda de López Obrador. Esta “lejanía” me parece sana porque procura independencia y protección de los particulares frente a arbitrariedades del poder público. Si bien esta lejanía tiene estos beneficios, su práctica, me parece, ha sido llevada con poco tacto político y aprovechada con maestría política.

Se señala a Norma Piña por aislar a la Corte, “vetar” la voluntad popular expresada en leyes —anticonstitucionales—, no cooperar con los otros poderes en contraposición con Arturo Zaldívar, quien en las últimas semanas ha dado cátedra de cómo agarrar a pedradas el lugar al que le dedicó buena parte de su carrera. La dimensión personal del conflicto presente ya ha contaminado a la Corte, donde algunas ministras y ministros han manifestado la necesidad de que Norma Piña deje la Presidencia para que el Poder Judicial pueda negociar.

Esto nos lleva a una parte fundamental del momento que estamos viviendo. El Presidente y la Presidenta electa legitiman su reforma en la voluntad expresada en las urnas, en las preferencias expresadas en las encuestas que mandaron a hacer y en la crítica de que unas cuantas personas den marcha atrás a la decisión de los representantes del pueblo.

Por su parte, los detractores de la reforma defienden que quienes lleguen a jueces tengan el conocimiento jurídico necesario para impartir justicia de manera imparcial o que las fuerzas mayoritarias tengan un contrapeso que no dependa de la voluntad popular y que las prevenga de violar derechos de las minorías y que no estén sujetos a concursos de popularidad.

Las dos posturas tienen sesgos importantes. Por una parte, no me queda claro que elegir ministros, magistrados y jueces por voto popular mejore la calidad de los jueces y sus intereses. Si no lo ha hecho en la política, no veo que suceda en la justicia. Por otra parte, es indefendible mantener el Poder Judicial con su funcionamiento actual en un país con altas tasas de impunidad, dilaciones e injusticias. Estamos en un momento histórico: el enfrentamiento de los resquicios de un régimen institucional, pero disfuncional frente al nacimiento de un nuevo régimen hipermayoritario y ultradiscrecional.