El 1 de septiembre que inicia la nueva Legislatura en el Congreso, las supermayorías de Morena, PVEM y PT coincidirán con el último mes del Presidente López Obrador. Este periodo, conocido como “la ventana de septiembre” será recordado como uno de los momentos más tensos en la historia moderna del país.
Durante este mes se espera que se avance, entre otras, en la discusión y votación de la Reforma al Poder Judicial y una Reforma Administrativa, las cuales modificarán sustancialmente el régimen político de México, tanto por su funcionamiento como por sus consecuencias.
La Reforma al Poder Judicial, especialmente la elección de jueces por voto popular, genera preocupaciones. Un rasgo común de las elecciones es que el votante tiene un alto costo de informarse y frecuentemente utiliza el partido como una especie de “marca” que da cierta información sobre los candidatos que se postulan por el mismo. En el caso de los juzgadores, la ausencia de marcas y partidos incrementa el costo para la ciudadanía de informarse sobre los candidatos y de siquiera poder formar un juicio sobre el candidato y hacer una elección. La baja participación electoral incrementa el impacto de prácticas como la movilización electoral, la compra de voto y la coerción, y facilita que intereses particulares (partidistas, empresariales, extranjeros, criminales, entre otros) obtengan resultados que les beneficien. La Reforma no sólo politiza la justicia en un país en el que para ser políticamente relevante hay que jugar en Morena, sino que abre la puerta, quizás con mayor facilidad, a la representación de intereses ilegítimos.
La Reforma Administrativa propuesta por el Presidente y próxima a discutirse, propone eliminar algunos órganos constitucionales autónomos para que sus funciones sean absorbidas por distintas Secretarías del Gobierno de México. Este cambio no significa que México perdería agencias específicas de regular en materia de telecomunicaciones, energía o de competencia económica, cuyas funciones serán absorbidas por secretarías, sino una pérdida de autonomía con respecto al Poder Ejecutivo. En suma, la lógica de protección de los bienes nacionales y de ultra regulación y estatización de los bienes públicos pone en riesgo y modifica los términos de negociación de las inversiones privadas en materia energética y telecomunicaciones, las cuales compiten con empresas del propio Estado y que se quedan con pocos espacios de participar legítimamente en el mercado. Esta situación ya ha generado cuestionamientos en los mercados y nuestros socios comerciales ya empiezan a mostrar los dientes.
Hay un problema en estas reformas, y es que aunque se argumente que son democráticas, dejan espacio de injerencia en el Poder Judicial de intereses ilegítimos que no cumplen con el mérito y por los cuales nadie votó y, por otra parte, le da el poder a los mercados y socios comerciales, por los cuales nadie votó en México y que defienden sus propios intereses.
