La especulación alrededor del futuro del régimen político mexicano y la estabilidad de la economía mexicana está siendo atendida por el próximo gobierno de Claudia Sheinbaum.
El equipo de la virtual Presidenta electa ha empezado a desplegar su estrategia para fomentar la confianza y credibilidad de los inversionistas y el sector privado hacia su gobierno.
Hace unos días Sheinbaum se reunió con el CCE en donde explicó su proyecto para fomentar el crecimiento económico y la “prosperidad compartida”. También se ha reunido con los principales empresarios del país y funcionarios estadounidenses. Sheinbaum ha enviado las señales correctas. No obstante, en algunos sectores como en la comentocracia, la academia y el sector privado todavía persisten serias dudas, legítimas dudas sobre el futuro del régimen en México.
El tema más polémico en estos días es el que tiene que ver con la Reforma al Poder Judicial. AMLO propuso en esta materia, entre muchas cosas, que los ministros de la Suprema Corte, los magistrados y los jueces sean electos por voto popular. Éste es un mecanismo que únicamente es utilizado a nivel federal en Bolivia, un régimen con una alta inestabilidad política cuya experiencia con la elección de jueces no ha sido particularmente aplaudida.
Es frecuente que el Presidente López Obrador tenga un diagnóstico acertado sobre el país, pero también es frecuente que sus propuestas o decisiones sean polémicas, equivocadas o radicales. Me parece que muy pocas personas podrían defender un sistema de justicia en donde el 99% de los delitos quedan impunes, en donde la justicia comúnmente funciona mejor para aquellos que tienen más dinero, en donde las cárceles están repletas de pobres e inocentes. Una reforma al Poder Judicial es necesaria.
No obstante, me parece que la reforma propuesta por el Presidente, por lo menos en lo que se refiere a la elección de jueces –aunque ya se ha visto que podría hallar algún cobijo legislativo en la fómrula del relevo gradual– responde más a una reforma política del Poder Judicial, más que una que eficiente toma de decisiones. Durante el sexenio de López Obrador, el Poder Judicial detuvo el avance de reformas que trastocaban derechos humanos, violaban la Constitución o incumplían con tratados internacionales. Es así de sencillo, las mayorías de López Obrador no eran suficientes, de acuerdo con la Constitución, para modificarla y, por lo tanto, sus múltiples intentos por darle la vuelta con reformas legales no podían concretarse.
Este candado que proviene del diseño institucional mexicano se convirtió en una fuente de frustración para López Obrador que no ha podido avanzar con sus reformas más ambiciosas, pero también las más radicales. Es decir, el Poder Judicial representa el cuidado, garantía y protección de decisiones que tomaron otras mayorías en el pasado. Protege los derechos, los valores, las necesidades y las prioridades que se consideraron alguna vez importantes y que se asentaron con mayorías calificadas o consenso.
La elección de jueces trastoca esta lectura porque las decisiones de los juzgadores no sólo se basarán en la interpretación de la Constitución, la Ley o los tratados internacionales sino que dentro de su juicio entrará también una ponderación sobre su futuro electoral. Es decir, en el fondo lo que se trastoca es la definición del orden público, del interés y la voluntad general, la cual ya no sólo se depositará en leyes, sino también en la regla de mayoría y a la rendición de cuentas vertical.
Ahora bien, el que sean electos por regla de mayoría de manera popular y al entrar dentro de sus ponderaciones el juicio electoral que hará a posteriori en algún otro puesto el electorado, pone en riesgo los derechos de las minorías en su zona de influencia. Por lo tanto, como en prácticamente todo el mundo, dentro de esta minoría se encuentran aquellos que tienen más dinero, los más ricos. Pero también dentro de las minorías están las comunidades LGBT, indígenas, afromexicanas y muchas otras que no son particularmente mayoritarias.
Este escenario teórico, es el que genera incertidumbre sobre la certeza jurídica, el Estado derecho y la posibilidad de defenderse frente la arbitrariedad del Estado. No es una cosa menor y está por verse el desarrollo de los debates de la reforma y si son tomados en cuenta para matizar los alcances de la Reforma. También está por verse si los nombramientos de Sheinbaum en el gabinete generan la suficiente confianza en los inversionistas para esperar el desenlace de esta situación y son suficientemente satisfactorios para la coalición para ponerse a sus órdenes.
