Un sistema electoral es el conjunto de leyes y reglas partidistas que regulan la competencia electoral, entre y dentro de los partidos. Por ejemplo, en el caso del Legislativo, esas leyes y reglas pueden regular cómo los partidos nominan a sus candidatos; cómo los ciudadanos votan y cómo son contados esos votos; la estructura distrital de una circunscripción y, cómo los votos, por lo tanto, se traducen en escaños (Cox, 1997).
Una primera consecuencia lógica de lo anterior, es que las leyes y reglas que conforman un sistema electoral, afectan la resiliencia de un partido para sobrevivir como organizaciones independientes (Duverger, 1954). Por lo tanto, la capacidad para modificar estas reglas es un activo altamente valorado por los partidos, que habitan los congresos, para buscar fortalecerse y debilitar a sus oponentes. Para atenuar la posibilidad de que cualquier partido con mayoría pueda cambiar sus reglas a favor en el tiempo que se le antoje, es que, en México, además de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), las reglas del juego están inscritas dentro de la Constitución.
El sistema electoral mexicano ha atravesado por múltiples reformas que no pueden ser comprendidas, si no es entendiendo que ha sido construido a partir de reformas constitucionales y legislativas graduales, que han mejorado los procedimientos electorales. Estos debates legislativos han perfeccionado a la autoridad electoral, al pasar de ser una Comisión Federal Electoral, a un Instituto Federal Electoral, adscrito a la Segob, a un IFE ciudadano y, por último, el Instituto Nacional Electoral que todos conocemos. Pero esta evolución también ha modificado las reglas bajo las cuales funciona el sistema de partidos, específicamente en materia de financiamiento público, acceso a medios y fiscalización.
El resultado de lo anterior, contrario a lo que se vocifera por ahí, ha producido las alternancias a nivel federal, estatal y municipal, que no se vieron durante la mayor parte del siglo XX, la construcción de una institución electoral confiable, aunque perfectible, que vigila que las elecciones se lleven con estándares internacionales, en cumplimiento con la legislación votada y aprobada por los congresos.
Esto último es importante repetirlo: el INE no hace más que vigilar que las elecciones se lleven a cabo, conforme a lo que establece la Constitución, la ley y sus reglamentos. Si se desvía, para eso está el Tribunal Electoral. Si las reglas del juego electoral no le convencen a diestros y siniestros, no hay otra opción que discutirla con todos los partidos con representación en los congresos, y generar un acuerdo que satisfaga a una mayoría calificada. Por eso mismo es que confío en que los debates de la Reforma Electoral de noviembre, resulten en la conservación de los buenos pasos dados en el pasado, con miras a garantizar que la elección de la mayoría sea, a su vez, respetada en el futuro.
