El régimen político y la estabilidad económica de México están en una espiral especulativa.
Las oposiciones etiquetaron la elección como una decisión entre democracia y autoritarismo. Tras la victoria de Morena, consultoras de riesgo, instituciones financieras, opinólogos y académicos creen que México está al borde de dejar de ser una democracia. Esta creencia ha generado incertidumbre y desconfianza, especialmente en inversionistas, quienes han enviado señales negativas en los mercados. Esta desconfianza puede incrementar la tensión política y económica, al punto de cumplir la profecía autocumplida de retroceso democrático e inestabilidad macroeconómica.
Sumado al efecto de las profecías autocumplidas, hay un desorden en la vocería de Morena. El desorden inscrito en el contexto de la transición y la definición del gabinete de Claudia Sheinbuam que supuestamente se anunciará la próxima semana.
Para entender este importante momento es imprescindible entender los hechos.
Claudia Sheinbaum, de Morena, PVEM y PT, ganó la Presidencia con el 60% de los votos. Morena y sus aliados lograron la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y se quedaron a tres escaños de obtenerla también en el Senado.
El INE publicará en los próximos meses la conformación de ambas cámaras en el Diario Oficial de la Federación, siguiendo las reglas electorales y aplicando la tan mencionada cláusula de sobrerrepresentación. El 1º de septiembre comenzará la nueva Legislatura, permitiendo a diputados y senadores elegir su bancada, lo que podría cambiar la distribución de fuerzas políticas y posiblemente las de la mayoría calificada a la coalición de Morena en el Senado.
El nuevo Congreso coincidirá en septiembre con el Gobierno de López Obrador, quien planea impulsar reformas constitucionales, especialmente en el Poder Judicial, donde entre otras cosas propone que ministros, jueces y magistrados sean electos por voto popular. Sheinbaum anunció que las reformas a discutirse en septiembre serán cinco. Además de la del Poder Judicial, se discutirán las pensiones para maestros, becas para estudiantes, apoyo a mujeres de 60-64 años y la no reelección de cualquier cargo público. Detalló que se abrirán diálogos previos para discutir estas reformas, enfatizando la del Poder Judicial.
A partir de estos hechos, hay tres lecturas que fijan la mirada en el rol que jugará Claudia Sheinbaum como Presidenta electa y próxima a portar la banda presidencial.
Poder Político: Sheinbaum coincide por convicción o utilidad con la visión de AMLO. En su proyecto de gobierno Claudia rescata muchos puntos que provienen de López Obrador, entre ellos dos particularmente importantes: el primero, que no se someterá al poder económico y, segundo, la elección popular del poder judicial en 2025. Todos los mensajes apuntan a que la Reforma Judicial se aprobará tal y como está escrita. De ser así, estaremos frente a un nuevo régimen político de ultra concentración de Poder en el Ejecutivo, sin frenos, ni contrapesos en el Legislativo y en el Judicial, que considera que su legitimidad política es suficiente para hacer frente a la pérdida de confianza de inversionistas en México.
Poder Económico: Para otros, Sheinbaum sí pondera los riesgos de un empeoramiento del clima de negocios, fuga de capitales, retirada de inversiones y la imagen internacional de México por la erosión democrática. Por lo tanto, encuentran en su propuesta de que las reformas se discutan previo a septiembre de manera amplia una posibilidad de que la Reforma Judicial que se apruebe sea mucho más matizada a la presentada por el Presidente. Bajo esta perspectiva, el poder económico funcionaría como contrapeso a la supermayoría de Morena y el nuevo Gobierno buscaría tener un acuerdo que sea transitable tanto por los inversionistas y que no arriesgue la cohesión de su coalición supermayoritaria y la confianza del Presidente.
Gatopardismo: Por último, Sheinbaum y AMLO avanzan con una Reforma Judicial en los términos planteados por el último. Si bien todas las señales apuntan a una reacción negativa de inversionistas y “el mercado”, el impacto no sería tan alto. En 2025, se eligirían por voto popular ministros, magistrados y jueces, pero se mantendría la capacidad de los más ricos de acceder a la justicia y litigar sus asuntos. El Gobierno contaría con rienda suelta para echar a andar su proyecto de gobierno en acuerdo con los inversionistas pero con un rendimiento acotado y poco transformador. México continuaría con el proceso de erosión democrática que se viene anunciando desde 2018, pero en términos de bienestar, desigualdad, pobreza y progreso social el país se queda como lo conocemos.
