El INE tiene hasta el 23 de agosto para confirmar la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional.
Hasta el momento la asignación daría la mayoría calificada en la Cámara de Diputados a Morena y sus aliados –el PVEM y el PT– y la misma coalición se quedaría a 2 curules de obtener esa mayoría en el Senado, dándoles el poder de modificar la Constitución.
Esta asignación muestra una diferencia de 20% entre la votación obtenida por la coalición de Morena para la elección de diputados (54%) y el porcentaje de asientos legislativos que controlará de la Cámara de Diputados (74%). Esta diferencia –sobrerrepresentación– es resultado de la aplicación de las reglas de asignación de curules bajo el principio de representación proporcional establecidas en nuestra regulación electoral. La propia regulación fija un límite de 8% de diferencia entre los votos y los escaños que obtiene un partido, lo cual no sucede con Morena y mucho menos con el PVEM y el PT.
No obstante, ex consejeros electorales, académicos, organizaciones y oposición han señalado que dicha regla no debe aplicar únicamente a partidos, sino también a coaliciones. Lo anterior, atendiendo al espíritu de la ley, a la intencionalidad de la norma y los principios democráticos. La consecuencia de aplicar la “cláusula de sobrerrepresentación” a coaliciones y no partidos, es, ni más ni menos, que Morena y sus aliados no puedan modificar la Constitución sin el apoyo de la oposición.
Pero su argumento no sólo reside en una lectura de fondo y forma de la norma sino a que Morena y aliados consiguieron esta sobrerrepresentación con un cálculo de optimización de votos realizado desde el momento mismo que se firmó el convenio de coalición parcial de Morena, PVEM y PT y maximizado con la abrumadora votación por Morena del 2 de junio.
Me explico. El país está dividido en 300 distritos electorales, de los cuales Morena y aliados ganaron el 85%. No obstante que Morena fue el partido más votado en esos distritos, no todos los diputados que resultaron electos eran de Morena, sino del PVEM o del PT. Esto es, porque en el convenio de coalición los distritos se distribuyeron entre los partidos: 60% para Morena, 20% para PVEM y 20% para el PT.
Un ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua (Distrito 3) la candidata asignada era del PT y resultó ganadora con 74% de los votos. El 80% de esos votos provinieron de personas que votaron sólo por Morena y sólo 7% de esos votos provinieron de personas que votaron sólo por el PT o por combinaciones de partidos. Aunque el distrito fue ganado por Morena de forma amplia (como en la elección de 2021), la curul en el Congreso le cuenta al PT porque así se estableció en el convenio de coalición. Esto se replica masivamente en otros distritos.
Esta estrategia, aunque legal, contradice el sentido lógico de crear una coalición. En teoría, los partidos se coaligan para unir fuerzas en elecciones en donde si fueran cada uno por su lado perderían. En la práctica, se coaligan no sólo en donde pueden perder, sino también en donde Morena podía ganar por su cuenta. ¿Para qué? Para optimizar los votos y obtener más escaños con la repartición de las diputaciones plurinominales. Como resultado de esta estrategia, Morena con el 42% de la votación válida obtendría 243 escaños (49%), el PVEM con 9% de los votos obtendría 74 diputados (15%) y el PT con 6% de los votos, 48 diputados (10%). Por partido no sobrepasan el 8%, por coalición la sobrepasan por 20%.
Aunque el tema de la sobrerrepresentación pareciera un tema numérico, en realidad es más un tema de implicaciones políticas, jurídicas, sociales, económicas y filosóficas. En esta elección los convenios de coalición optimizados a las reglas de traducción de votos a escaños sirvieron para que Morena y aliados construyeran una mayoría legal, aunque artificial con el poder de modificar la Constitución sin tener que tomar en cuenta a la oposición –una oposición que, por cierto, sabía de esta estrategia (porque la usaba) y no hizo nada antes de que sucediera. Las implicaciones están a la vuelta de la esquina: un nuevo régimen con un nuevo Poder Judicial, la reincorporación de gran parte de los órganos constitucionales autónomos al Poder Ejecutivo y la transformación de la autoridad electoral. En suma, un Gobierno que será súper poderoso, tanto que 56% de los votos que obtuvieron parecen poco.
