L a causa contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, promovida por los fiscales Sergio Mola y Diego Luciano, por corrupción y asociación ilícita en el manejo de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, llega al clímax con la solicitud de doce años de cárcel e inhabilitación definitiva contra la también senadora. Como otras veces en el pasado, el kirchnerismo ha asumido el proceso judicial como lawfare o intento de criminalización política y ha salido a las calles a defender a su líder.
El propio mandatario Alberto Fernández no admitió el sentido propiamente judicial del caso al asegurar que como abogado, profesor de derecho e “hijo de juez”, lamentaba la persecución contra su compañera de fórmula. El nuevo Ministro de Economía, Sergio Massa, encargado de las finanzas del gobierno y la turbulenta negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI), crítico de Cristina en el pasado, también presenta la causa como politización de la justicia.
De aquí a diciembre, cuando concluya el proceso y se dicte sentencia, lo decisivo no será la dimensión jurídica de la demanda sino la pugna en torno a la figura de Cristina. Una pugna que rebasa, con mucho, el conflicto izquierda-derecha y que, una vez más, intentará subsumir, en el choque entre cristinistas y anticristinistas, la histórica confrontación entre peronismo y antiperonismo en la política argentina.
Para Fernández de Kirchner y sus seguidores, el escenario puede ser peligroso pero también promisorio. Difícilmente, Cristina perdería su inmunidad bajo el gobierno de Alberto Fernández, pero la complicada situación económica, con la imparable inflación y el acelerado deterioro de indicadores básicos, puede pasar factura al oficialismo. Con un presidente que pierde popularidad y un ministro encargado de los tratos impopulares con el FMI, la vicepresidenta podría convertirse en la tabla de salvación en las elecciones de agosto de 2023.
Dentro del campo kirchnerista y sus no pocos aliados en el bloque bolivariano, cada vez son más desinhibidos los llamados a que Cristina repita, en Argentina, la hazaña de Lula da Silva en Brasil. Que después de ser juzgada y, eventualmente, sentenciada, la vicepresidenta emerja como la candidata del Frente de Todos, en la próxima contienda, es una epopeya a la medida del peronismo de siempre.
Hacia ahí apunta toda la estrategia mediática del gobierno, pero también la de buena parte de la oposición, que no oculta su satisfacción ante la posibilidad de ver a Cristina tras las rejas. Es en momentos como éste que la baja calidad de la democracia argentina —y de la latinoamericana, en general— aparece como efecto perverso de las inconsistencias del Estado de derecho. Poco a poco, las múltiples evidencias de corrupción inmobiliaria en Santa Cruz se ven opacadas por un drama que las supera, que las hace ver mezquinas: el drama de la Evita del siglo XXI, acosada por la oligarquía argentina.
