Una carta impulsada por el PEN Club Internacional y Human Rights Watch, y firmada por intelectuales que desde hace décadas son referencia en la lucha por los derechos humanos, como el escritor turco Orhan Pamuk, el sudafricano J. M. Coetzee, el afgano Khaled Hosseini, la nigeriana Chimamanda Ngozi Adichie, la británica Zadie Smith, el estadounidense Paul Auster, la chilena Isabel Allende y la mexicana Elena Poniatowska, entre otros, demanda al gobierno cubano que ponga fin a la represión cultural en la isla.
En Cuba la represión no se practica únicamente contra las comunidades artísticas. De hecho, en los últimos años y, especialmente, tras las protestas populares de los días 11 y 12 de julio, la represión ha alcanzado a varios cientos de ciudadanos. Algunos proyectos independientes como Cubalex y Justicia 11J han documentado más de 1,300 personas detenidas desde las protestas del verano y la más reciente manifestación convocada para el 15 de noviembre por el colectivo Archipiélago.
La información disponible habla de un tipo de represión masiva y, a la vez, casuística, que rebasa con mucho los objetivos tradicionales de la policía política contra la disidencia interna y el activismo cívico y artístico joven. Sin embargo, desde fenómenos como el Movimiento San Isidro y la protesta frente al Ministerio de Cultura el 27 de noviembre de 2020, la represión contra el circuito de la cultura independiente cubana se ha incrementado por medio de acosos policiacos, descalificaciones públicas, interrogatorios forzosos, arrestos domiciliares y actos de repudio, como los practicados en los años 80.
Tanto la represión masiva, destinada a impedir un nuevo estallido social, como la gremial, dirigida a neutralizar el activismo artístico joven, son casuísticas. El Estado cubano elabora y reelabora listas de desafectos, como en el régimen colonial o cualquier dictadura militar latinoamericana. Esas listas contienen las identidades de quienes son despojados de sus derechos y hostigados por una justicia punitiva, cada vez más arbitraria y discrecional.
Varios casos de activistas arrestados como los del artista Luis Manuel Otero Alcántara o el rapero Maykel Castillo demuestran un ensañamiento particular contra sectores de la cultura popular cubana, que en los últimos años han sido sometidos a una ofensiva mediática racista y elitista desde el poder. La misma lógica se hace visible en los procesamientos de los cientos de ciudadanos que están siendo criminalizados por salir a las calles el 11 y el 12 de julio y el 14 y el 15 de noviembre.
La carta del PEN intenta hacer visible una situación que el gobierno cubano pretende normalizar. Son varias las estrategias de esa normalización, pero una de las más socorridas es el argumento de que en otros países latinoamericanos, como Colombia o Chile, también se ha criminalizado la protesta social. Lo cual es cierto, siempre y cuando no se pierda de vista la diferencia estructural entre un estado de derecho democrático, manejado autoritariamente, y un país con un déficit de imperio de la ley como Cuba.
La represión cultural en la isla es otra evidencia más de que el último proceso constituyente, que culminó en 2019, está incompleto y que los agravios por la postergación de un verdadero Estado de derecho irán creciendo conforme las arbitrariedades penalicen a más ciudadanos. La represión cultural, es decir, el obsesivo ejercicio de control de la libertad de expresión, para impedir que el campo intelectual actúe como caja de resonancia del malestar ciudadano, es una de las razones de ser de esa ausencia de Estado de derecho.
Esta carta se suma a decenas de iniciativas similares, en los últimos años, dentro de la opinión pública occidental. Como es sabido, su importancia no deja de ser testimonial, ya que regímenes como el cubano tienen suficientes posibilidades de reproducirse en el caos global del siglo XXI.
