Desde que Raúl Castro reemplazó a su hermano Fidel, en el máximo liderazgo del país, en 2006, se propuso crear las condiciones para una renovación generacional del mando en Cuba, sin alterar las bases institucionales del sistema. Podría decirse que ese objetivo acaba de ser logrado a plenitud con el traspaso de la máxima autoridad del Partido Comunista al presidente Miguel Díaz Canel.
No sólo la jefatura personal del partido, también la composición del Buró Político, el más alto círculo de poder ideológico en la isla, se ha renovado generacionalmente. Ningún miembro de la generación histórica ha permanecido en el Buró Político y los nuevos integrantes de esa institución reflejan con nitidez el ascenso de líderes nacidos después de la Revolución de 1959 a los principales cargos administrativos y gubernamentales del Estado.
Como todos los congresos de partidos comunistas únicos, desde la URSS y los socialismos reales de Europa del Este hasta China, Viet Nam y Corea del Norte en la actualidad, éste sirvió para hacer circular las élites en la isla. Algunos de los máximos gestores de la nueva política económica, como Marino Murillo, han quedado fuera, y buena parte del equipo ideológico y mediático ha sido purgado, luego de que el propio Raúl criticara a la prensa oficial por “triunfalista, estridente y superficial”.
Pero la renovación y circulación de élites, en Cuba, se hace acompañar de un declarado continuismo ideológico y político. La reforma económica sigue teniendo límites absurdos, que le impiden avanzar hacia la apertura de pequeñas y medianas empresas, flexibilizar el comercio y diversificar la inversión extranjera. La conceptualización de lo “socialista”, bajo un precario esquema de economía mixta, sigue siendo discrecional e incoherente. Cierta inversión foránea directa forma parte del “socialismo”, pero la participación de entidades privadas en el comercio ya cruza la línea y representa la introducción del “capitalismo” en la isla.
En materia de derechos civiles tampoco habría que esperar mejoría alguna. Raúl dijo que el Estado respaldará las políticas de género, el combate al racismo y el reconocimiento de los derechos de las comunidades LGTBI, pero también alertó que esas demandas son un objetivo del “enemigo” para “subvertir” el sistema. Con esa advertencia no hizo más que alentar a poderosas corrientes conservadores de la ideología oficial cubana, que se sienten amenazadas por las nuevas agendas de derechos humanos del siglo XXI.
La Cuba posterior a Raúl sigue estando determinada por la inmediatez y el cortoplacismo. El propio Díaz Canel dijo, antes del congreso, que “en Cuba no había tiempo para el largo plazo”. En el fondo, esa inmediatez facilita la ambigüedad y la indefinición frente a temas cruciales de la política económica e internacional, que incluyen las relaciones con Estados Unidos, América Latina y Europa, y, lo que es más grave, frente a la falta de democracia.
