Es sabido que la xenofobia, como el racismo o el machismo, no es un vicio privativo de los nacionalismos europeos o de las derechas reaccionarias. En Estados Unidos, país de inmigrantes y con una legislación multicultural avanzada desde los años 90, Donald Trump pudo rearticular un nativismo que muchos creían repertorio exclusivo de minorías extremistas.
En América Latina, región caracterizada por la diversidad racial y cultural y con una tradición integracionista indudable, son cada vez más frecuentes los episodios de xenofobia. Lo hemos visto durante décadas en las fronteras entre Haití y República Dominicana, Guatemala y México, Perú y Chile, Bolivia y Argentina. Y acaba de volver a manifestarse en la reciente tensión entre los gobiernos de Venezuela y Perú.
Cuando Pedro Castillo llegó al poder en Perú, en el verano de este año, fue aclamado por Nicolás Maduro y otros gobernantes del bloque bolivariano. Las expectativas de que de la mano de Castillo, Perú se sumaría a la ALBA fueron deliberadamente atizadas por los partidarios de ese bloque, en una maniobra que vemos repetirse cada vez que gana las elecciones algún candidato de izquierda en América Latina.
Castillo, que desde un inicio debió enfrentarse a un congreso mayoritariamente opositor, que le revocó varios miembros de su gabinete original, ha conducido una política exterior distinta a la que esperaba el polo bolivariano. En la cumbre de la Celac, en México, no respaldó la disolución de la OEA y luego viajó a Washington donde recibió el espaldarazo de Luis Almagro.
Las tensiones se han traducido en un choque por los migrantes venezolanos en Perú, que libera la xenofobia por dos vías. Desde la campaña presidencial, Castillo había anunciado políticas antimigrantes, parecidas a las de algunos gobiernos neoconservadores latinoamericanos. Sin embargo, en septiembre, cuando las expectativas bolivarianas todavía eran altas, Nicolás Maduro anunció un plan de repatriación, coordinado entre ambos gobiernos.
En las últimas semanas se comprobó la inexistencia o imposibilidad de ese plan, ya que al intentar una repatriación forzosa de venezolanos con antecedentes penales en Perú, el gobierno de Maduro negó la autorización para que los nacionales aterrizaran en un avión de la Fuerza Aérea peruana. A la xenofobia de la expulsión de “ilegales” venezolanos, que intentaba capitalizar Castillo, Maduro respondió con la típica negación de derechos de la diáspora, tan característica de regímenes como el venezolano, el nicaragüense y el cubano.
En el tema de los migrantes venezolanos, el gobierno de Castillo mantiene la inercia de sus predecesores, a quienes Maduro acusó de xenofobia por intentos de deportación desde Lima. Ahora Maduro, supuestamente partidario de la repatriación masiva, se opone a recibir a 41 venezolanos. La subordinación a la geopolítica en esos regímenes es total y arrasa con el respeto elemental a los derechos humanos.
