A un año del triunfo del rechazo, por casi 62% de votos, de la Constitución progresista promovida por el Gobierno de Gabriel Boric, un nuevo plebiscito constitucional en Chile se decanta por la negativa. El nuevo proyecto de Carta Magna fue redactado por la oposición de derechas, campo crecientemente liderado por el Partido Republicano que encabeza José Antonio Kast.
Esta vez, el rechazo fue menor, de un 55%, pero aun así, contundente. Una mayoría de chilenos, o dos mayorías de chilenos que no tendrían que ser idénticas, han rechazado sendos textos constitucionales, diseñados desde orientaciones ideológicas divergentes, el Frente Amplio y la coalición de izquierdas Apruebo Dignidad, de un lado, y el Consejo Constitucional, con su predominio del Partido Republicano, del otro.
La primera, caracterizada por una clara extensión de derechos sociales y protección de sectores vulnerables (mujeres, jóvenes, migrantes, pueblos originarios), pero también por innovaciones controversiales como la eliminación del Senado y el tránsito a un modelo plurinacional. La segunda, marcada por una contracción de las garantías sociales, especialmente las de las mujeres y su derecho a decidir, y por una apuesta por el Estado mínimo.
Todo parece indicar que mientras la Constitución de 2022 fue rechazada por ir más allá de las expectativas de cambio, la de 2023 lo es porque se coloca en una perspectiva más conservadora que la de la propia Constitución vigente. Si esto es así, el marco constitucional que estarían buscando los chilenos se ubicaría en algún punto intermedio entre el orden constitucional actual y el proyecto de 2022.
Una interpretación que circula en estos días, que los resultados de este plebiscito demuestran que los chilenos prefieren seguir con la Constitución de 1980, es decir, “la Constitución de Pinochet”, no se sostiene. Primero porque en 2020, a fines del gobierno de Sebastián Piñera, otra consulta arrojó que cerca del 80% del electorado se inclinaba por el cambio constitucional. Y segundo, porque la Constitución en vigor en Chile ha sido reformada varias veces, en los últimos cuarenta años y, de manera considerable, durante el Gobierno de Ricardo Lagos.
Puede que exista un fetichismo constitucional con aquel documento en una parte de la derecha chilena —por lo visto, más en la UDI que en el Partido Republicano—, pero ese continuismo es propio de actores políticos minoritarios, no de la mayor parte del electorado. El proceso constituyente seguirá su curso y en poco tiempo, no en este Gobierno, pero tal vez en el siguiente, volverá a intentarse el cambio constitucional.
Este plebiscito podría ser más costoso para José Antonio Kast y el Partido Republicano, que para el Presidente Boric, quien reitera no aspirar a la reelección. En el campo de la derecha salen fortalecidas otras figuras, como Evelyn Mathhei, que tal vez dispute el liderazgo de ese espacio en las próximas elecciones.
