L as relaciones entre el gobierno de Nicaragua, que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, están prácticamente quebradas. Ortega anunció una “suspensión” de nexos diplomáticos con el Vaticano y el Secretario de Relaciones de la Santa Sede, Monseñor Paul Richard Gallagher, ha reconocido que los vínculos con Managua se encuentran en su punto más bajo.
¿Cómo se ha llegado hasta aquí, si se toma en cuenta que hablamos de un país donde hace cuarenta años tuvo lugar una profunda revolución social, donde la Iglesia católica jugó un papel protagónico, dada la amplia mayoría de practicantes de esa fe en la nación centroamericana?
La explicación es de forma y de fondo. Dentro de los líderes civiles y políticos que se opusieron a la reelección de Ortega y Murillo y que, por ejercer ese derecho pacíficamente, fueron encarcelados, se encuentra el obispo de Matagalpa, Rolando Álvarez, condenado a 26 años de cárcel. A diferencia de los cientos que abandonaron la prisión por el destierro, y que luego fueron despojados de su nacionalidad, Álvarez se negó a ser deportado y permanece recluido en Nicaragua, aunque sin información precisa de su paradero. Organizaciones de derechos humanos, nacionales, regionales e internacionales, y la propia Secretaría de Estado de la Santa Sede, se han referido a Álvarez como un “desaparecido”.
El obispo de Managua, Silvio Báez, ha reclamado la libertad de Álvarez en sus homilías. Báez exige, de parte del clero nicaragüense y del Papa Francisco, información precisa de dónde se encuentra encarcelado el religioso, para facilitar la asistencia humanitaria. El régimen de Ortega no concede esa información y la negativa ha llegado a irritar al mismísimo Bergoglio, que se caracteriza por una relación cuidadosa y paciente con las izquierdas autoritarias de América Latina y el Caribe.
El Papa Francisco ha llegado a comparar los métodos de Ortega con los de Stalin y Hitler. En una entrevista con Infobae, Bergoglio se ha referido, en plural, a “dictaduras groseras”, que recuerdan, en sus mecanismos represivos, al comunismo soviético y al nazismo hitleriano. Ojo, el Papa no está equiparando esos regímenes sino llamando la atención de que hay resonancias de aquellos regímenes en otros de América Latina, aunque sólo se refiere por sus nombres al de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Puede resultar chocante el abuso de la analogía con Stalin o Hitler, en este caso, para el autoritarismo orteguista. De hecho, en los debates académicos se utiliza la expresión reductio ad hitlerum— o la de reductio ad stalinum— para señalar una falacia que impide avanzar en la comprensión de un fenómeno contemporáneo. Pero, más allá del exceso retórico y del doble rasero que implica para otros regímenes similares como el cubano o el venezolano, el Papa Francisco tiene razón: el orteguismo es una dictadura grosera que se ensaña contra opositores pacíficos, aunque éstos sean obispos católicos.
