El nuevo presidente de Perú, Pedro Castillo, ha presentado su gabinete con algunos nombramientos que auguran tensiones. En Economía y Justicia se anuncian Pedro Francke y Aníbal Torres, dos políticos profesionales y experimentados que trasmiten compromiso con la estabilidad y la gobernanza. Esas presencias dan al gabinete un perfil de confianza en medio de un arranque marcado por la polarización y el choque de poderes.
Otros nombramientos como el del primer ministro Guido Bellido, el canciller Héctor Béjar, Íber Maraví en Trabajo, Juan Manuel Carrasco en Interior y Walter Ayala en Defensa, han generado diversas objeciones, relacionadas con la trayectoria maximalista o de alianzas dudosas de algunos de esos políticos. También ha sido críticamente señalaba la ausencia de paridad de género: de 16 ministros, sólo dos, Anahí Durand y Dona Boluarte, son mujeres.
El gabinete era una pieza fundamental de la presidencia de Castillo, ya que su composición decide, en buena medida, la relación con el congreso. La Constitución peruana de 1993 tiene elementos semiparlamentarios que facultan al poder legislativo a impugnar carteras ministeriales individuales y al gobierno en su conjunto. No basta el apoyo de Verónica Mendoza y Nuevo Perú para evitar vacancias.
La limitada representación parlamentaria de Perú Libre, el nuevo partido oficial, abona a la debilidad del gobierno en su primera fase. Han sido reveladoras las declaraciones del vocero de la bancada oficial, Alex Paredes, en el sentido de que no se les concederá un cheque en blanco al gabinete y sus ministros. Paredes ha descartado una vacancia legislativa contra el presidente, pero no ha sido igual de claro en relación con algunas carteras ministeriales.
Castillo se coloca así al borde de una encrucijada o cruce de caminos que, en buena medida, sintetizan las opciones de izquierda en América Latina. La composición del gabinete no parece favorecer la gran expectativa de una reforma constitucional que conduzca a la convocatoria a una Asamblea Constituyente. Para lograr esto era indispensable un gobierno centrista, capaz de tender puentes con la mayoritaria oposición legislativa.
Como ilustra el caso chileno, la vía constituyente demanda realismo y capacidad de negociación. Buen contraejemplo de esa opción es Venezuela, donde una Asamblea Constituyente instalada en 2017, para rivalizar con el parlamento opositor, no ha producido una nueva Carta Magna al cabo de cuatro años. La encrucijada del Perú puede dibujarse con las alternativas de Chile y Venezuela.
Si el nuevo gobierno de Castillo privilegia la geopolítica bolivariana, frente a la gobernanza democrática, es muy probable que en Perú volvamos a ver un nuevo choque de poderes. De suceder eso la responsabilidad de los entusiastas aliados regionales de Castillo será inobjetable. En un país golpeado por la crisis económica y sanitaria, tal escenario no podría ser más peligroso.
