Desde hace semanas tiene lugar en Managua una serie de juicios contra opositores pacíficos, periodistas y líderes de la sociedad civil nicaragüense. En total son 46 los procesados y todos se encuentran en prisión desde mediados del año pasado, cuando Daniel Ortega se aseguró de que ninguno de sus más visibles adversarios pudiera contender en las elecciones en las que se reeligió por quinta vez.
La veterana comandante Dora María Téllez y el líder estudiantil Lesther Alemán han sido condenados a ocho y trece años de cárcel, respectivamente. El también comandante de la Revolución Sandinista, Hugo Torres, falleció en la cárcel antes del juicio. Las líderes opositoras Ana Margarita Vijil y Suyen Barahona fueron sentenciadas a diez y quince años sin que pudieran hacer uso de la palabra en el proceso.
Estos juicios en Managua, que el escritor Sergio Ramírez ha comparado con los procesos de Moscú, de los tiempos estalinistas, se basan en una ley reciente, la 1055 o de “Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía y la Autodeterminación para la Paz” (2021), que permite penalizar con presidios prolongados a opositores pacíficos por medio de acusaciones de atentado contra la integridad territorial y “lavado de dinero, bienes y activos”.
La ley se está aplicando retroactivamente con el fin de fijar cargos no sólo a opositores, sino también a figuras de los medios de comunicación y la sociedad civil, por conspiración y disturbios durante las protestas populares de la primavera de 2018. Aquellas protestas, como todos los estallidos sociales en América Latina y el Caribe, tuvieron un origen concreto —la reforma del seguro social—, y se propagaron de manera horizontal y espontánea.
El gobierno de Ortega, como el venezolano o el cubano, no admite la espontaneidad de estallido alguno y sostiene que las protestas fueron un intento de golpe de Estado, perpetrado por la oposición interna y el imperialismo yanqui. La propia acción política diaria, encaminada a lograr una alternancia en el poder, desde las leyes electorales del país, es asumida por el gobierno como una labor sediciosa y criminal, financiada desde el exterior.
La figura de “lavado de dinero, bienes y activos” no se relaciona, necesariamente, con el narcotráfico sino con las fuentes de financiamiento autónomas, domésticas o internacionales, de la sociedad civil y los medios de comunicación no oficiales. Además de retroactiva, la criminalización de dirigentes y activistas se basa en una discrecional indistinción de roles políticos y civiles, partidistas y no gubernamentales.
Las democracias latinoamericanas regulan los mecanismos de financiamiento de partidos y organizaciones. Las leyes electorales poseen amplio margen para aplicar restricciones y controles en la materia. Pero englobar en una misma red criminal a opositores y activistas porque se oponen a la reelección de un líder no tiene otro nombre que despotismo.
