En la permanente negociación con Estados Unidos de su política migratoria, México pone en práctica diversos mecanismos de contención del flujo de migrantes a través de su territorio. Uno es el traslado de grupos de la región fronteriza a otros puntos del país. Otro es la llamada “devolución” o envío de migrantes a sus países de origen.
A principios del pasado diciembre, antes de la última reunión en Palacio Nacional con el secretario de Estado, Antony Blinken, el Instituto Nacional de Migración (INM), a través de su titular, Francisco Garduño, envió una circular en que se anunciaba que el organismo suspendía temporalmente “traslados y devoluciones”.
La razón que se esgrimía era falta de recursos por posposición de pagos y recortes presupuestales de la Secretaría de Hacienda. La noticia tuvo poca cobertura en la prensa mexicana, pero Adam Isaacson, analista de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), comentó que, dado el incremento de las oleadas migratorias desde el Caribe y Centroamérica, a Estados Unidos preocupaba una merma en repatriaciones, que acumulara mayores contingentes en la frontera.
Hay que observar cómo opera el lenguaje de la política migratoria, sobre todo, en la opinión pública y las redes sociales, de un lado u otro de esta prolongada crisis. Cuando se habla de traslados a países de origen se utiliza, por lo general, el término “deportación”, que Donald Trump y otros políticos de línea xenofóbica y racista usan sin mayor escrúpulo.
No hace mucho, en un acto de campaña en New Hampshire, Trump dijo que, de llegar nuevamente a la presidencia, se produciría “la mayor deportación de inmigrantes sin papeles”. Sin embargo, para fines de diciembre, luego de la reunión con Blinken en Palacio Nacional, ya se habían restablecido los vuelos de “repatriación” o “devolución” de migrantes venezolanos y cubanos desde México.
En el caso de Venezuela es de destacar el programa Vuelta a la Patria, organizado por el gobierno de Nicolás Maduro para rescatar miles de venezolanos varados en diversos países del mundo. Un involucramiento de los gobiernos de los países de origen en esos traslados permitiría acentuar más el sentido de la repatriación, aunque esta última sólo correspondería plenamente a aquellos migrantes que por voluntad propia deciden regresar a sus países.
Cabe preguntarse si otros gobiernos, como el cubano o el nicaragüense, poseen programas de repatriación equivalentes al de Venezuela. Esos dos gobiernos también atribuyen la emigración a sanciones de Estados Unidos, un tópico que reproduce sin matices el Gobierno mexicano, pero no parecen implementar planes de repatriación a mediana escala, como el venezolano.
En 2023, miles de cubanos fueron devueltos a Cuba desde Estados Unidos y México, por la Guardia Costera o por el propio INM mexicano. Las raras veces que la prensa abordó esos traslados, por lo general, recurrió al término “deportación”.
