En estos días se intensifica la campaña diplomática y mediática contra el embargo comercial de Estados Unidos. Como cada año, esta campaña cerrará con la casi unánime votación de la resolución de la Asamblea General de la ONU. Ante la comunidad internacional, quedará expuesta la reticencia del gobierno de Joe Biden a flexibilizar sanciones contra Cuba.
La gramática de la campaña es la denuncia. De ahí la proclividad a simplificar o exagerar: al embargo se le llama “bloqueo”, en una extrapolación de la cuarentena de la Crisis de los Misiles en 1962; se esgrime como causa primordial de la crisis económica y la represión política en la isla; y se narra como si siempre hubiera sido el mismo, desde 1960 hasta hoy.
Por mucho que se saquen de contexto citas de Eisenhower y Kennedy, secretarios de Estado o directivos de la CIA, en seis décadas el embargo ha cambiado de repertorio y sentido. Si bien de Obama a Trump la reversa fue brutal, entre Eisenhower y Biden la tendencia ha sido a la flexibilización. La tesis del “mismo bloqueo” sale de la narrativa de “la misma Revolución” desde 1868 o 1959, y el “mismo imperialismo yanqui” desde la Doctrina Monroe y las guerras de 1848 o 1898.
En una periodización básica, el embargo se divide en dos fases: la Guerra Fría (1960-1991) y la Postguerra Fría (1992-2021). Cuando se aplicaron las primeras medidas, en 1960, se trató de una reacción de Washington a las expropiaciones de compañías estadounidenses. Ya para 1961 y, sobre todo, 1962, el embargo estaba incorporado a la hostilidad sistémica contra Cuba, en tanto miembro del bloque soviético en el Caribe y referente de la izquierda socialista en América Latina.
Hasta la caída del Muro de Berlín y la desintegración de la URSS, en 1991, el embargo funcionó de esa manera, aunque con una insoslayable relajación diplomática entre 1976 y 1980 bajo Jimmy Carter, muy destacada por Peter Kornbluh y William LeoGrande en su libro Back Channel to Cuba (2015). A partir de 1992 y 1996, con las leyes Torricelli y Helms-Burton, el embargo incorporó nuevos mecanismos de presión para un “cambio de régimen”, y se acopló a la legislación del congreso de Estados Unidos por medio del electorado y los representantes cubanoamericanos.
Desde entonces, la derogación del embargo no depende del presidente y su permanencia forma parte orgánica de la política interna estadounidense. No sólo eso, también desde fines de los 90, sobre todo desde la legislación “antídoto” de la Asamblea Nacional o Ley 88 de 1999, el embargo está imbricado en las leyes que restringen y criminalizan la libertad de asociación y expresión en Cuba.
La normalización diplomática de Barack Obama avanzó en la distensión bilateral, pero no en el fin del embargo, que requiere de una complicada articulación legislativa bipartidista. Esta campaña antiembargo busca más la denuncia que el levantamiento, ya que para lograrlo se requiere de una negociación que, lamentablemente, no está a la vista.
