El anunciado plan migratorio de Estados Unidos para contener el desbordamiento del flujo migratorio de Centroamérica y el Caribe, a través de territorio mexicano, logra enfocar la crisis de los últimos años de manera negociada y bilateral con México. A diferencia del periodo trumpista, cuando la estrategia antimigrante también se dirigía contra México, principal objetivo del discurso racista y xenófobo de Trump y sus seguidores, las nuevas medidas cuentan con aval del gobierno mexicano.
Sin embargo, al adoptar un sentido bilateral, el plan de Estados Unidos y México se desentiende de la posición de los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Haití, los otros tres países a cuyos migrantes se aplicarían medidas ya adoptadas con los venezolanos. Aunque es difícil, valdría la pena tomar en cuenta qué piensan esos gobiernos del proyecto de control migratorio que impulsan Washington y México. Un repaso por las publicaciones oficiales de Venezuela, Nicaragua y Cuba muestra un panorama que se mueve entre el silencio y la incomodidad con las nuevas disposiciones.
En los últimos años, medios como el venezolano Telesur han cuestionado sistemáticamente las deportaciones de migrantes caribeños y centroamericanos, desde Estados Unidos o desde México. La cadena oficial hizo amplias coberturas de las caravanas provenientes del Triángulo Norte de Centroamérica, que atravesaban México y se acumulaban en la frontera con Estados Unidos. Pero, por lo general, el medio no se hace cargo del extraordinario crecimiento de la emigración venezolana en los últimos años, que según estudios académicos, en el segundo semestre de 2022, sobrepasó los siete millones.
El discurso oficial venezolano sigue la pauta del cubano al atribuir, únicamente, el aumento de la emigración —que en Cuba ya se calcula en 250,000 al año— a las sanciones económicas de Estados Unidos. En medios oficiales de la isla, como Granma y Cubadebate, son frecuentes los artículos que responsabilizan a la Ley de Ajuste de 1966, al embargo comercial y a la falta de cumplimiento de los acuerdos migratorios bilaterales por el aumento del éxodo de cubanos. Ni los errores en la política económica oficial, ni la represión —el año pasado fueron condenadas más de mil personas que protestaron el 11 y 12 de julio de 2021— forman parte de la causalidad de la diáspora, según el discurso oficial.
Tanto el presidente Miguel Díaz-Canel como el viceministro de Relaciones Exteriores, Ernesto Soberón, declararon en los días siguientes al anuncio de Biden que lo que Estados Unidos debe hacer es cumplir con los acuerdos migratorios con Cuba y eliminar el embargo. La misma lógica aplicó el mandatario de Nicaragua, Daniel Ortega, cuando aseguró que las sanciones contra miembros de su régimen aumentarán la emigración. Puede concluirse, entonces, que el plan de Biden, que México avala, no es bien visto por los gobiernos en la primera línea de contención.
