En los días que siguieron al golpe contra el presidente Salvador Allende, hace cinco décadas, el Estadio Chile de Santiago se llenó de presos, arbitrariamente detenidos por la naciente dictadura. Testigos, cronistas e historiadores calculan en alrededor de cinco mil las personas allí recluidas. Dos de aquellos presos fueron ejecutados a una semana del golpe: el cantautor Víctor Jara y el abogado Littré Quiroga Carvajal.
El caso de Jara es bastante conocido por la celebridad del compositor e intérprete de temas icónicos de la nueva canción latinoamericana de los años 60, como “Te recuerdo Amanda”, “El derecho de vivir en paz” y “Plegaria de un labrador”. Jara, militante del Partido Comunista y defensor del gobierno de Unidad Popular, fue torturado salvajemente antes de su ejecución —quemaron su cuerpo con colillas de cigarro, le quebraron los dedos, le cortaron la lengua— en aquel estadio que hoy lleva su nombre.
Su compañero de celda, Quiroga Carvajal, no la pasó mejor. El abogado había sido Director General de Prisiones del gobierno de Allende y los militares golpistas lo identificaron como un blanco de la violencia anticomunista. Las autopsias realizadas revelaron que, al igual que Jara, Quiroga tenía decenas de fracturas óseas y balas incrustadas en el cuerpo antes de su ejecución.
Desde los años 80, los familiares del trovador y el abogado interpusieron querellas contra militares que señalaban como perpetradores de aquellos crímenes. Con Pinochet en el poder o en las sombras del poder hasta su detención en Londres en 1998, aquellos reclamos se disiparon en el espeso clima de impunidad de la post-dictadura.
Ahora, a punto de cumplirse cincuenta años del golpe, la justicia chilena parece abrirse para los familiares de aquellas víctimas y para una sociedad sometida a los rigores de un duelo prolongado. La Corte Suprema chilena ha dictado, finalmente, sentencia contra siete oficiales del ejército, con responsabilidades en el Estadio Chile en las primeras semanas de septiembre de 1973.
Luis Cordero, Ministro de Justicia del gobierno de Gabriel Boric, ha dicho, con razón, que conforme se acercaba el medio siglo del crimen, crecían las presiones sobre los casos de Jara y Quiroga. Ambos habían durado demasiado y la Corte chilena se veía emplazada por un reclamo de justicia cada vez más sonoro y elocuente. Es inevitable relacionar la aceleración del fallo con la llegada de la generación del Frente Amplio al Palacio de La Moneda.
El funcionario reconoce, sin embargo, que el efecto reparador de estas sentencias es muy limitado si se aceptan las cifras de muertos, desaparecidos y torturados, durante la dictadura pinochetista, establecidas por el Informe Rettig y la Comisión Nacional de la Verdad y la Reconciliación desde 1991, bajo el gobierno de Patricio Aylwin. En las últimas décadas, otras organizaciones y estudios han duplicado y hasta triplicado aquellos datos.
FE DE ERRATAS: Por un lamentable error de diseño y de edición, en la entrega anterior de esta columna se puso el título “Matar al candidato” cuando el correcto era “El tortuoso camino de la justicia transicional”. Ofrecemos una disculpa al autor y a los lectores.
