Se cumple por estos días el bicentenario de un hecho de la mayor trascendencia en la historia de México: la proclamación del Acta Constitutiva de la Federación de 1824. Apenas un año atrás se habían producido dos rebeliones contra el imperio de Iturbide, el Plan de Veracruz de Miguel Santa María y Antonio López de Santa Anna, y el más consistente Plan de Casamata, que logró involucrar a varios generales del Ejército Trigarante.
José Antonio Echávarri y Pedro Celestino Negrete, dos de aquellos oficiales, uno que respaldaría el Plan de Casamata y otro que presionaría a Iturbide para que abdicara, eran peninsulares. Otros como Luis Cortázar y Rábago y José María Lobato, criollos que habían pertenecido al ejército realista, también se sumaron al plan. Y otros más, como Guadalupe Victoria, Vicente Guerrero y Nicolás Bravo, eran los tres principales veteranos de la insurgencia mexicana.
Esta breve lista demuestra a las claras el poder de convocatoria que logró aquel pronunciamiento que, como ha observado el historiador Alfredo Ávila, tenía más componentes federalistas que republicanos. A diferencia del proyecto veracruzano, que antes impulsaron Santa Anna y Santa María, este segundo movimiento logró la adhesión de varias diputaciones provinciales, que rápidamente reunieron a sus representantes en el Congreso Constituyente.
Tras la reinstalación del congreso, Iturbide renunció al trono y marchó al exilio. Ya para el verano de 1824, el Congreso Constituyente anunciaba que la “mayoría de las provincias votaría por un sistema de república federada”, en el ejercicio de sus propias soberanías regionales. La crisis del imperio de Iturbide no sólo se precipitaba por el cisma de la cúpula militar del Ejército Trigarante sino por la contradicción entre el poderoso federalismo vernáculo de las provincias y el modelo de monarquía unitaria que implicaba el iturbidismo.
Nettie Lee Benson describe la frenética actividad de legisladores y políticos como Miguel Ramos Arizpe y José Mariano Michelena en aquellos meses finales de 1823. El primero había sido diputado a las Cortes de Cádiz por Coahuila. El segundo sería uno de los integrantes del Supremo Poder Ejecutivo, que reemplazó al imperio de Iturbide a partir de marzo de 1823. El Acta Constitutiva de la Federación, proclamada el 31 de enero de 1824, fue, en buena medida, obra de ellos dos.
El primer punto de aquel documento señalaba que la “nación mexicana se compone de las provincias del virreinato de la Nueva España”. Pero el punto sexto agregaba lo siguiente: “las partes integrantes” de esa nación eran “estados independientes, libres y soberanos, en lo que exclusivamente toque a su administración y régimen interior”.
A su vez, el séptimo punto enlistaba 16 estados, más los territorios federales de las Californias y Colima, aunque precisaba que esas serían las entidades regionales, “por ahora”, dejando en claro la perspectiva de un crecimiento de un pacto confederal en los años siguientes. La voluntad de aquellas provincias, tautológicamente definidas como “independientes, libres y soberanas”, era el vector decisivo en la fractura del imperio y el tránsito hacia la forma republicana de gobierno.
El documento estaba rubricado por los representantes de cada una de aquellas provincias y territorios y por tres miembros de Junta de Gobierno, Vicente Guerrero, Miguel Domínguez y el propio José Mariano Michelena. Los tres, separatistas de primera hora, con lo cual, se evidenciaba una vez más que la transacción entre realistas e insurgentes, que había concretado el Plan de Iguala, llegaba a su fin.
Aquel documento y la posterior Constitución federalista, aprobada en octubre de 1824, llevaron al historiador Marcelo Carmagnani a preguntarse si este régimen era más confederal que federal. Lo cierto es que en aquel cambio histórico pudo pesar más el elemento federal que el republicano.
